El ministro del Interior italiano, Roberto Maroni, afirmó ayer que todos aquellos inmigrantes que trabajaban como jornaleros en la localidad de Rosarno (sur) que no tengan regularizada su situación en Italia serán expulsados, sin excepciones en la aplicación de la ley.
El titular de Interior explicó que se seguirá el procedimiento habitual con los más de mil inmigrantes que, tras los enfrentamientos con los vecinos de los últimos días, ya han abandonado Rosarno. La mayoría han sido trasladados a centros de acogida de Crotona y Bari. Maroni, impulsor de la instauración del delito de inmigración ilegal en Italia, añadió: "Si las fuerzas del orden descubren un indocumentado, (éste) tiene que ser detenido y llevado a un centro de identificación y expulsión: identificado y, después, expulsado".
Según datos de Interior, más de 1.100 inmigrantes, en su mayoría de origen africano, han sido trasladados en las últimas horas de Rosarno a centros de acogida próximos para evitar que se repitan los altercados que han hecho que 53 personas permanezcan aún heridas, de los que 21 son extranjeros.
Sobre la posibilidad de una huelga de inmigrantes en Italia convocada a través de Internet para el próximo 1 de marzo, el ministro reconoció el derecho que les asiste, pero advirtió de que quien salga a la calle a manifestarse y no tenga papeles, será expulsado.
Por su parte, el papa Benedicto XVI expreso ayer su preocupación y rechazo por los recientes episodios de violencia contra los inmigrantes vividos en el Sur de Italia. Durante su habitual rezo del Ángelus desde la Plaza de San Pedro del Vaticano, Benedicto XVI dijo que "el inmigrante es un ser humano, diferente por cultura y tradición, pero digno de respeto".