La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, con competencia legislativa plena, aprobó ayer con los votos a favor del PSOE, CiU y Coalición Canaria (CC) la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que establece un nuevo marco de regulación para el sector audiovisual. El texto, que ahora será enviado al Senado para continuar su tramitación parlamentaria, contó con la abstención del PP y con los votos en contra del PNV y de ERC-IU-ICV.

Durante la Comisión, CiU ha pactado con los socialistas que el 6% de los ingresos de las televisiones públicas estatales o autonómicas se pueda destinar, además de a producción cinematográfica, a la creación de series y miniseries.

Las televisiones autonómicas podrán emitir en otras autonomías limítrofes con las que compartan "afinidades lingüísticas y culturales siempre que así lo acuerden mediante convenio" las comunidades implicadas y que "exista reciprocidad".

Con respeto al tiempo de publicidad, la ley establece que las televisiones podrán emitir un total de 19 minutos por hora entre anuncios convencionales (12 minutos), autopromoción (cinco minutos) y telepromoción (dos minutos). Este punto ha sido modificado respecto al texto inicial del Gobierno, que contemplaba la posibilidad de emitir hasta 12 minutos de telepromoción, lo que suponía un total de 29 minutos de mensajes publicitarios.

Radios piratas

El texto también prohíbe emitir en horario infantil anuncios "que promuevan el culto al cuerpo y el rechazo a la autoimagen". En concreto, se refiere a "productos adelgazantes, intervenciones quirúrgicas o tratamientos de estética, que apelan al rechazo social por la condición física o al éxito debido a factores como el peso o la estética".

Asimismo, el proyecto de ley establece que los contenidos que puedan ser "perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores solo podrán emitirse entre las 22 y las 6 horas, debiendo ir siempre precedidos por un aviso acústico y visual", estando este último presente durante todo el programa.

Poro otro lado, la nueva ley busca, a propuesta de CC, acabar con la existencia de radios piratas. Para ello, el proyecto fija la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones -que estaba prevista en una ley anterior pero que no llegó a desarrollarse--, que será la encargada de realizar un mapa de las radios en España.

El Gobierno central y las comunidades autónomas serán las encargadas de cerrar aquellas que no tengan licencia.