El portavoz de Cultura del PP en el Congreso, José María Lassalle, saludó ayer que el Gobierno "rectifique" y apueste ahora por exigir autorización judicial previa antes de bloquear páginas webs que faciliten la descarga de contenidos que están sujetos a derechos de autor. Eso sí, criticó que el Ejecutivo "desaire" a la Cámara Baja, que presentará en breve unas conclusiones sobre esta materia, y "filtre" a través de los medios de comunicación qué pretende hacer, sin informar a los grupos parlamentarios.

Lassalle hizo estas declaraciones a Europa Press después de que el diario "El País" publicara en su edición de ayer que las webs de descargas se podrán cerrar en un mes a propuesta de la Comisión de la Propiedad Intelectual, pero con autorización judicial previa.

En primer lugar, subrayó que existe una Comisión de Propiedad Intelectual en el Congreso que "aún no ha remitido sus conclusiones" (se prevé que estén listas a partir de febrero) y acusó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de "desairar" a los parlamentarios al "obviar el funcionamiento de la Cámara y de los tiempos previstos para el desarrollo de sus actividades".

Asimismo, el diputado del PP criticó que se haya convertido en una práctica "habitual" que el Ejecutivo informe a la sociedad de lo que pretende hacer realizando "filtraciones" a los medios de comunicación.

En tercer lugar, valoró la "rectificación" del gabinete socialista en relación con el cierre de páginas webs. "Me parece razonable la rectificación que hace el Gobierno asumiendo una tesis esgrimida por el PP, como es la exigencia de intervención judicial", enfatizó.

Lassalle señaló que su formación espera que esta "rectificación sea cierta hasta el final" aunque expresó sus dudas de que "ésta sea realmente su intención" dados los vaivenes que, a su entender, ha mostrado el Gobierno con la llamada ley antidescargas.

Contenido exacto

Finalmente, el portavoz de Cultura del PP emplazó al Ejecutivo a informar del "contenido exacto de esta iniciativa" porque ahora, agregó, "está diciendo lo que no decía antes y asumiendo la tesis del Partido Popular" sobre la exigencia de que haya intervención judicial. Cuando el Gobierno dio a conocer el proyecto de la ley antidescargas, los internautas reaccionaron al momento y anunciaron manifestaciones y medidas de presión si se limita el uso de internet.