JOSUÉ GARCIA, S/C de Tfe.
A las voces disconformes con la aplicación en Canarias de la Directiva comunitaria de liberalización de los servicios (2006/123/CE) en el ámbito del comercio se han unido en las últimas semanas otras que protestan por la transposición que se ha hecho de la misma en el turismo. La modificación de la Ley Reguladora de la Licencia Comercial fue aprobada por el Parlamento autonómico hace casi dos semanas y la segunda concluirá hoy su tramitación.
La norma europea, conocida popularmente como Bolkestein en honor a su impulsor, el ex comisario holandés para el mercado interior Frits Bolkestein, se ha adaptado en las autonomías siguiendo las pautas marcadas por las leyes denominadas "paraguas", en el caso del comercio, y "ómnibus", que atañe a otros muy distintos servicios y que, por ejemplo, generó una sonada protesta de los taxistas en Madrid.
El objetivo básico de la Directiva, que es de obligado cumplimiento a partir del 1 de enero, es facilitar la libertad de establecimiento y la prestación de servicios en los países miembros de la Unión (UE), es decir, crear un mercado comunitario efectivo. Y ello se conseguirá, según los preceptos de la Comisión Europea, con la simplificación administrativa y la eliminación o modificación de obstáculos como los regímenes de autorización, un "tic" proteccionista a ojos de Bruselas.
Por ello se ha tenido que adaptar buena parte de la normativa canaria en los dos principales subsectores de servicios. En ambos se ha jugado la carta de la protección del territorio y el medio ambiente, escudo válido para atenuar en las Islas la aplicación de la Bolkestein. Los operadores implicados se han posicionado a favor y en contra del trabajo del Gobierno autónomo -para unos se ha pasado de liberal y para otros, sobre todo en el comercio, de intervencionista- pero, en general, apoyan la agilización burocrática resultante y el silencio administrativo "positivo" que implica.
En la actividad turística, las declaraciones responsables acerca del cumplimiento de la Ley vendrán a sustituir a las autorizaciones actuales, salvo que construir, ampliar o abrir un nuevo alojamiento choque con la protección medioambiental o el planeamiento territorial que especifica la "capacidad de carga" de las Islas.
Los grupos parlamentarios del Gobierno (Coalición Canaria y Partido Popular) se han apresurado, vía enmiendas al Proyecto de Ley, a estrechar el control sobre la oferta de nueva creación, como reclama la oposición (PSOE), que además, como la patronal Ashotel, ha advertido de que se puede dar carta blanca a las camas ilegales.
Quienes no la tendrán, a no ser que medie Bruselas, serán los grandes establecimientos y los centros comerciales. Canarias mantendrá la exigencia de licencia en función del tamaño y siguiendo el criterio medioambiental y territorial antes mencionado, la única manera en que lo permite la Comisión Europea. Eso sí, en el mismo "saco" se ha metido a las cadenas de supermercados si suman, en el conjunto de una determinada isla, cierto número de metros cuadrados. Ha sido el punto de fricción principal con la patronal autonómica del ramo, Asuican.
Eso sí, más beligerante se ha mostrado la patronal del pequeño comercio Coreco, que llegó a reclamar al Ejecutivo autónomo que solicitara una exención total a la aplicación de la Directiva. No le han convencido los criterios que valorará la Consejería del ramo antes de decidir si otorga la licencia, por considerarlos subjetivos y porque, a su juicio, abren la puerta a una liberalización total.
Sin llegar a tanto, la nueva ley -que la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca) sí respalda porque, entre otras cosas, considera que aportará seguridad a la actividad- sí elimina los criterios "económicos" que hasta ahora restringían la entrada en las Islas del conocido como "descuento duro".
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