AGENCIAS, Madrid
El pleno del Congreso aprobó ayer que las indemnizaciones de los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) queden exentas de tributación hasta los 45 días por año trabajado, si bien esta medida se limita a los aprobados entre el pasado 6 de marzo y el 31 de diciembre de 2010. El texto contempla que las medidas puedan revisarse a lo largo del próximo año para "evaluar" si es pertinente su continuidad de cara a 2011.
Así consta en el proyecto de ley de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas, que salió adelante en su último trámite parlamentario, por lo que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Tras la enmienda introducida en el Senado sobre fiscalidad, se iguala el tratamiento fiscal de las indemnizaciones de trabajadores afectados por ERE con las de los despidos improcedentes, ya que actualmente los afectados por ERE deben pagar el IRPF si la indemnización resultante de la negociación entre empresa y sindicatos supera los veinte días por año trabajado. Además, hasta diciembre de 2010 las empresas con ERE temporales autorizados podrán acogerse a la bonificación del 50% de las cotizaciones sociales si mantienen el empleo de los trabajadores al menos un año tras la finalización del expediente.
En otro contexto, quedó rechazada la enmienda del Senado por la que se alteraba el cálculo de la pensión y la prestación por desempleo para que quienes no hubieran podido completar el mínimo de 180 días cotizados tuvieran derecho a tales prestaciones.
Prestaciones
Entre las medidas para el empleo, destacan la posibilidad de que los trabajadores afectados por ERE repongan las prestaciones por desempleo ya utilizadas, con un límite de 120 días, por lo que no sufrirán merma de este derecho si finalmente se extingue su contrato.
Además de otras medidas, se establece que los trabajadores contratados durante dos años por empresas de inserción no podrán volver a tener un contrato de trabajo de estas sociedades. Por otra parte, la Cámara obliga al Gobierno a regular los servicios de Empresas de Trabajo Temporal en el marco del diálogo social en un plazo de cuatro meses, a remitir al Congreso de los Diputados una evaluación de las bonificaciones a la contratación y a impulsar un nuevo programa de fomento del empleo para 2010.
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