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R. BARRETO, La Orotava
El Ayuntamiento de La Orotava aprobó ayer un nuevo trámite para la implantación de la Universidad Europea de Canarias, toda vez que la entidad mercantil Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa del Valle de La Orotava (Apymevo) aceptó la propuesta del consistorio de modificar parcialmente la concesión administrativa en el sector de San Agustín para destinarla a dotación y usos docentes, con los votos favorables de Coalición Canaria, el Partido Popular y el PSOE y la oposición de IPO y de IUC-Los Verdes, mientras que la Asamblea Canaria por el reparto de la Riqueza se manifestó en el salón de plenos con pancartas en contra del citado centro educativo superior particular con fondos o bienes públicos. Asimismo, aprobó el borrador de convenio con la Universidad Europea de Madrid, para el uso de las instalaciones deportivas.
Una sesión plenaria en la que se aprobaron asuntos como el nuevo presupuesto para 2010, que asciende a 36,4 millones de euros, un 0,65% menos que el vigente, pero no exento de debate, en que quedaron las posturas dispares sobre los modelos económicos defendidos por CC y PP, por un lado, y del PSOE, IUC-Los Verdes e Ipo, por otro, sobre todo en el enfoque sobre las medidas para afrontar la crisis económica el drama del paro que afecta a 5.000 habitantes del municipio.
La adopción del acuerdo corporativo de 30 de noviembre de 2009, relativos al cambio de objeto de la concesión de San Agustín, quedaba condicionado a un aspecto urbanístico absolutamente ligado a su viabilidad, como es la entrada en vigor del Plan Especial de Protección del Casco, dictaminado favorablemente en la citada sesión corporativa del pasado mes de noviembre.
De acuerdo con el proyecto aprobado y vigente, la obra dotacional objeto de sustitución por obra concesional propiamente dicha afecta a una superficie de 22.407 metros cuadrados para servicios del anfiteatro municipal. El resto de las plantas se destina a anfiteatro y sala de la cultura, de ámbito estrictamente municipal, que no es objeto de explotación concesional, aunque sí se encomienda al concesionario la construcción.
El portavoz de Ipo, José Manuel Hernández, apuntó que la modificación de parte de la concesión administrativa en San Agustín está orientada a favorecer a la empresa privada con recursos públicos, concretamente a la Universidad CEE para la construcción del edificio. Defendió el modelo de educación pública, gratuita y laica.
El concejal de Educación, Francisco Linares, indicó que se abre un largo proceso administrativo que tendrá que culminar con la aprobación de la iniciativa por el Parlamento de Canarias, que tendrá que avalar el Gobierno autónomo. Aclaró que ese proyecto no supondrá ningún costo para el ayuntamiento ni para los vecinos.
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