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CARLOS ACOSTA, S/C de Tfe.
El desarrollo, así como la tramitación de modificaciones parciales en cerca de 30 planes de ordenación territorial en diversas corporaciones locales canarias, ha sido posible en los últimos siete meses gracias a la Ley de Medidas Urgentes, según explicó ayer el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, en una comparecencia parlamentaria solicitada por el grupo popular para conocer el grado de aplicación y avances de esta ley en materia de ordenación territorial.
El consejero explicó que la nueva norma permite a los municipios desarrollar su territorio y poner en marcha actuaciones urbanísticas aún cuando no hayan adaptado sus planes de ordenación a las directrices, por lo que "los alcaldes están encantados" con la Ley de Medidas Urgentes, pues con la legislación anterior esto era imposible.
Berriel también señaló que, desde mayo, los cabildos han solicitado la tramitación de ocho proyectos de actuación territorial de "pequeña dimensión o escasa trascendencia territorial", equivalentes a actos administrativos, a los que suman otros seis que forman parte de un bloque de 20 solicitudes de actuación territorial y que podrán ser transferidos a los cabildos.
Uno de los aspectos más llamativos del balance de esta ley es que la Administración regional puede ahora suplir la competencia de los ayuntamientos para desarrollar su planeamiento territorial en los casos en los que las corporaciones municipales estimen que tendrán dificultades para cumplir con esta obligación.
La situación ya se ha dado en dos municipios (Teror y Yaiza), mientras que otros tres (Arafo, Firgas y Aldea) se han mostrado interesados por dar solución al retraso que presentan en la elaboración de estos instrumentos que resultan imprescindibles para su crecimiento mediante este procedimiento.
Berriel explicó, además, que otras corporaciones municipales, entre las que se encuentran Adeje, Arafo, Arico, La Victoria, San Miguel, Puerto de la Cruz, Fuencaliente, San Andrés y Sauces, Arrecife, Mogán, Antigua, San Bartolomé y San Bartolomé de Tirajana presentan un gran retraso en la formulación y desarrollo de los planes generales de ordenación, por lo que la Administración autonómica considera que son candidatos para ser incluidos en la vía supletoria.
El consejero también se refirió a las cantidades que el Ejecutivo ha cobrado, piensa recaudar o ha dejado de recibir en materia de infracciones urbanísticas. Así, entre 2001 y 2009, la Comunidad Autónoma ingresó por este concepto unos 21,1 millones de euros, frente a los 3,6 millones que ha dejado de ingresar, mientras que tiene pendiente de recabar 56 millones de euros.
En ese mismo periodo de tiempo ha ejecutado 220 demoliciones con un coste de 2,7 millones de euros, de las que 85 tuvieron lugar en la provincia tinerfeña y las restantes 135, en Las Palmas.
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