POLÉMICA

Indignación local con Costas

El concejal Salvador García mostró ayer su indignación con la Dirección General de Costas ante "su falta de sensibilidad e implicación en las funciones de protección y conservación de los elementos que integran el dominio público marítimo terrestre, cuando es clara la competencia del Estado según se desprende de la Ley de Costas". El edil nacionalista afirma que el 23 de noviembre el ayuntamiento envió un escrito a Costas, "donde se explicaban los efectos que sufrió el talud de la playa tras la tromba de agua del día 16". Salvador García lamenta que contestaran a dicho documento "asegurando que el talud al final del aparcamiento de la playa está peligroso y recomiendan el cierre de la playa hasta que se corrija la situación de peligro".

"Se lavan las manos"

A juicio del concejal realejero, "la Dirección General de Costas se lava las manos y no aporta ninguna solución o compromiso de financiación para ejecutar una actuación que consolide y mantenga dicha ladera". A su juicio, "lo indignante es que de la normativa y jurisprudencia sobre playas no se deduce en modo alguno una obligación exclusiva del ayuntamiento en relación con la preservación de los riesgos derivados de desprendimientos de acantilados que bordean la playa. El Gobierno central no puede ser ajeno a dicho riesgo, máxime cuando nos hallamos ante unos acantilados que respaldan una playa de alta ocupación, apta para el baño".

Pendientes desde los años 90

El edil de Servicios criticó además que "el Gobierno estatal se comprometió en la década de los 90, previa firma de un convenio con el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, a ejecutar las obras de refuerzo de la ladera que no ha efectuado, a pesar de que cuentan con informes geológicos pertinentes elaborados por el Cabildo".