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EFE, Arrecife
Los concejales del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) en Arrecife Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez confesaron ante el juez del "caso Unión" haber cobrado comisiones ilegales a varios empresarios que contrataban obras o servicios con el consistorio.
Rodríguez y Becerra fueron detenidos y encarcelados en el marco de la "Operación Unión", que se desató públicamente el pasado 25 de mayo tras un registro efectuado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el Ayuntamiento de Arrecife, y en el que se investiga un posible caso de corrupción urbanística.
Según consta en el sumario, Ubaldo Becerra dijo ante el juez César Romero Pamparacuatro, que instruye el caso, "que el primero que le habla de la posibilidad de exigir comisiones ilegales" es José Miguel Rodríguez, que entonces era concejal de Hacienda de Arrecife.
Tanto Becerra como Rodríguez detallan en sus declaraciones en el Juzgado las cantidades que percibieron de determinados empresarios que contrataban con el Ayuntamiento capitalino.
Rodríguez declaró que las comisiones son "casi una costumbre" y Becerra reconoció que su "sociedad" con Rodríguez arranca desde los primeros meses de la legislatura, en 2007.
En el sumario consta que uno de los empresarios a los que exigieron el pago de comisiones ilegales fue José Antonio Castellano, quien sobre abril de 2008 vio cómo se le bloqueaban los pagos a su empresa, que prestaba servicios de limpieza al Ayuntamiento de Arrecife. El bloqueo en los pagos coincidió con la salida del citado empresario del PIL, del que era militante.
A Castellano se le exigió inicialmente, según las declaraciones de los imputados, el 20% de la cantidad que se le adeudaba en concepto de comisiones ilegales.
Becerra declaró ante el juez que, "si se solucionaba el tema de Castellano", él, Rodríguez y Matías Curbelo, mano derecha del líder histórico del PIL, Dimas Martín, percibirían cada uno 20.000 euros.
Según la investigación judicial le exigieron un total de 100.000 euros de comisión ilegal.
Más empresarios
En el sumario del "caso Unión" figuran como imputados varios empresarios que admitieron ante el juez haber pagado comisiones ilegales a los concejales del PIL en Arrecife.
Se trata de Antonio Gómez, paisajista; Manuel Reina, de construcciones Reina; y Jesús Manuel Martín, de Infogelanz.
Gómez declaró haber abonado comisiones a los concejales del PIL por la concesión de obras en el parque temático, donde, según las declaraciones, los ediles habrían recibido 10.000 euros.
Según declaró Becerra, el otro concejal del PIL "dijo que no se le diera más trabajo" al no haber abonado la cantidad pactada.
Reina declaró que, después de que el ayuntamiento le pagase unos 40.000 euros por obras en la perrera, lo llamó José Miguel Rodríguez "y le dijo que tenía que darle el 20% de la facturación".
De otra de las empresas citadas, Infogelanz, Rodríguez admitió haber recibido "de 2.000 a 3.000 euros por llevar a cabo los aljibes del parque temático".
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