La herencia de las cámaras agrarias

J.R. HERNÁNDEZ, Tenerife

Tras largos años de inactividad y un amplio repertorio de normativas, que en las últimas décadas han ido acotando su margen de acción, las cámaras agrarias canarias caminan definitivamente hacia su disolución, en sintonía con lo que ya ha ocurrido en otras comunidades autónomas y está en proceso en el resto.

Para ello, se trabaja en el marco legislativo que regulará su extinción .que en estos momentos está en fase de proyecto de ley.

De hecho, el último paso hacia ese objetivo se dio el pasado viernes, 11 de diciembre, fecha en que la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación presentó a la Comisión de Cabildos Insulares del Parlamento el contenido del documento.

Tanto el Ejecutivo regional como las principales organizaciones agrarias del Archipiélago coinciden en la necesidad de poner fin a estas instituciones, que prácticamente se han difuminado desde la década de los 80. No obstante, el dilema a partir de ahora surge en el reparto de su patrimonio, una herencia que tanto la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), como la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) reclaman para uso exclusivo del sector agrícola.

Tal y como recoge el texto actual, estos activos "quedan adscritos a la Consejería competente en materia de Agricultura, que podrá atribuirlos con carácter preferente a entes de la administración local de su ámbito territorial, así como a organizaciones profesionales agrarias (OPAs) cuyo fin principal sea el apoyo o fomento de la actividad agraria". Sin embargo, a juicio de las OPAs, este articulado abre la puerta a una posible concesión a ayuntamientos u otros organismos que los destinen a actividades ajenas a su uso originario.

En este sentido, el presidente de Asaga, Henry Sicilia, subraya que "sería injusto que los inmuebles que se adquirieron con el esfuerzo individual de muchos agricultores pierdan el uso para el que fueron creados". Aún así, precisa que "lo que nosotros reivindicamos no es que pasen a formar parte de nuestro patrimonio, sino la cesión de su uso".

Sicilia explica que "si se tienen en cuenta estas reivindicaciones podríamos reducir considerablemente nuestros costos de funcionamiento, ya que ahorraríamos una cantidad importante que gastamos por el alquiler de muchos de los locales en los que estamos instalados, al tiempo que podríamos ampliar nuestro ámbito de acción y usar esos inmuebles ociosos o con un uso indebido repartidos por toda la geografía canaria para estar más cerca de todas las zonas productivas de las Islas, dado que hoy por hoy nos resulta inasumible poder contar con delegaciones en cada uno de los municipios".

En esta línea, se manifiesta también el presidente de la COAG en el Archipiélago, Rafael Hernández, que confía en que "este proceso sirva para poner orden en el uso de esos locales que se están ocupando de manera irregular".

Hernández se muestra optimista sobre el resultado de esta nueva normativa, a pesar de que sostiene que "nos hubiera gustado que se hiciera antes porque ya desde el inicio de la democracia estos organismos perdieron su carácter de representatividad de los intereses generales de los agricultores que comienzan a asumir las OPAs, incluso, años más tarde, con la ley de 1986 sobre el régimen jurídico de las cámaras agrarias, la tutela de su patrimonio se subrogó a las consejerías competentes de cada comunidad autónoma, con lo cual su papel se quedó en un mero lugar de registro".

A su modo de ver, "sería conveniente la creación de una especie de consorcio integrado por las OPA y la Administración que sea el encargado de gestionar los bienes de las cámaras agrarias, tal y como ya ocurrió con el patrimonio que era de ámbito nacional".

Por su parte, el técnico de UPA-Canarias Luis Abeledo entiende que "en la exposición de motivos del proyecto de ley para Canarias no se reconoce de manera clara que las OPA han venido a sustituir a las cámaras agrarias en las labores de representación, reivindicación y negociación de los intereses profesionales y socioeconómicos de los agricultores".

Asimismo, insiste en la incompatibilidad de que parte de estos inmuebles sean cedidos a los ayuntamientos, porque iría en contra del espíritu de la ley de 2005, a través de la cual se articulan las bases para su derogación y en la que se estipula que el patrimonio debe utilizarse para fines y servicios generales agrarios. Así, "aunque se les asignara un uso relacionado con el sector primario no se ajustaría a la ley, ya que sólo se defenderían los intereses del propio municipio", apostilla.

Comisión liquidadora

Como el resto de organizaciones agrarias, la UPA pide estar representada en la comisión liquidadora que se creará para determinar el destino de los bienes de las cámaras agrarias, a lo que Abeledo agrega que, "además, sería interesante aprovechar la tramitación de esta ley para implantar un consejo agrario canario, en la misma línea que ha promovido el Cabildo de Tenerife a escala insular, que se convertiría en un organismo en el que las OPA ejerzan de interlocutores válidos para establecer una política de consenso agraria".

El técnico de UPA-Canarias destaca que "comunidades como Galicia y Murcia, en las que el peso del sector primario es muy importante, ya han concluido este proceso con gran satisfacción para las organizaciones agrarias, por lo cual deberían ser el espejo en el que tenemos que mirarnos para acometer el nuestro".

Por último, ve necesario que todas las OPA canarias se vuelvan a reunir para fijar una postura común y exigir la modificación del actual proyecto de ley.

Por su parte, Sicilia y Hernández aseveran que, según las manifestaciones de la consejera de Agricultura, Pilar Merino, y el viceconsejero, Alonso Arroyo, todos estos inconveniente y ambigüedades se corregirán durante el trámite parlamentario.