Dieciséis locales y tres solares pendientes de usuarios y ocho trabajadores en el "limbo"

Desde el real decreto del 14 de noviembre de 1890 por el que crearon las cámaras agrarias a nivel nacional hasta la fecha comenzaron a surgir este tipo de instituciones tanto a escala local como provincial, constituyendo una amplia red al servicio de los agricultores que, "aunque al principio de la época franquista estuvieron bastante sometidas al régimen, progresivamente fueron ganando fuerza y comenzaron a desempeñar funciones reivindicativas", según recuerda el ex presidente de Asaga, Fernando Jiménez. Al respecto, destaca su papel en la defensa de los intereses de las Islas en cuestiones como la protección de la producción local de leche ante la entrada de partidas de la Península o del maíz, que estaba "amenazado" por el que llegaba de Egipto o EEUU. No obstante, su declive comenzó poco después de la elección de la última junta directiva de la cámara provincial de Santa Cruz de Tenerife, en 1978, que presidió Zenón Mascareño Alemán. Como fiel reflejo de su pérdida de actividad, se da la circunstancia de que esta junta, integrada por 24 vocales, de los que sólo quedan vivos 4, es técnicamente la que aún está vigente, ya que desde entonces no se ha renovado. Otro capítulo pendiente es el destino final de los 16 locales que, según informa la Consejería de Agricultura, componen el patrimonio de estas organizaciones: seis en Tenerife, donde también está la sede provincial (en la foto), dos en La Palma y 8 en Gran Canaria, a los que se suman tres solares, en La Palma, La Gomera y Gran Canaria, un inventario del que, sin embargo, aseguran no tener constancia oficial las OPA. A su vez, en los últimos años 56 trabajadores (31 en Tenerife y 25 en Las Palmas) han sido transferidos a distintas entidades administrativas de la Consejería, pero aún quedan por reubicar otros 8 empleados que desde hace años se encuentran en una especie de limbo laboral. Así pues, todo apunta a que su próximo destino se resuelva con la entrada en vigor de la nueva ley y que, como ya ocurrió con el resto de la plantilla, pasen a formar parte del personal laboral de la Comunidad autónoma.