El Congreso admite a trámite que las aguas entre islas pasen a ser nacionales

CC DICE QUE SI CANARIAS tuviera las competencias de sus costas, se evitarían casos como los de Cho Vito./ EL DÍA

EFE/ G.M., Madrid/Tenerife

Por tercera vez en los últimos seis años, Coalición Canaria llevó ayer a las Cortes una proposición de ley de delimitación de los espacios marítimos de Canarias, que fue aprobada por unanimidad al entender que las Islas son un archipiélago, con un espacio marítimo y terrestre único, y no simplemente como un conjunto de islas.

En 2003 en el Senado y en 2005 en el Congreso, todos los grupos parlamentarios aprobaron la toma en consideración de la propuesta, pero no se llegó a convertir en ley por la disolución de las cámaras.

El autor de la propuesta, José Luis Perestelo, espera "que a la tercera sea la vencida, y de acuerdo con la voluntad expresada por los distintos portavoces, esta vez sí se lleve a cabo la tramitación de la proposición como proyecto de ley y sea finalmente aprobada".

Perestelo insistió en los argumentos que consideró "de sentido común": "Es un absurdo histórico, geográfico y político el que, en pleno siglo XXI, todavía Canarias no sea reconocida nacional e internacionalmente como un auténtico archipiélago, sino como una serie de piezas casualmente cercanas en el Atlántico", dijo el diputado.

Se da la circunstancia de que un barco puede surcar las aguas entre las Islas sin que se pueda objetar lo más mínimo. "¿Se imaginan ustedes?", preguntó el diputado de CC, "que entre las provincias peninsulares existieran franjas de mar donde cada cual pudiera transitar de cualquier manera?"

Por último se quejó de que "no ha existido el coraje ejecutivo para decir que sí y acabar de una vez con esta anomalía histórica".

El PP, a través de su diputado Guillermo Mariscal, también se mostró también partidario de la proposición de ley y aseguró que "no existe ningún impedimento legal" en el derecho internacional que impida a España trazar las líneas archipielágicas de Canarias.

Por su parte, el diputado del Grupo Socialista José Segura aseveró que existe un cierto "desequilibrio" en estos temas porque se da un "tratamiento desigual" entre los Estados archipelágicos y los archipiélagos de Estado.

"Un archipiélago de Estado es una realidad geográficamente idéntica a un Estado Archipielágico soberano e independiente", apuntó para reiterar su apoyo a CC porque "la mayoría de los ciudadanos canarios" creen que Canarias tiene derecho a delimitar sus aguas de las internacionales como lo hacen los Estados archipielágicos.

Competencias en costas

Otro aspecto que preocupa al Gobierno canario es la cesión por parte del central de las competencias en materia de ordenación del litoral. En este sentido, fuentes de Coalición Canaria confirmaron ayer que el Estado está dispuesto a traspasarlas cuando el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias se apruebe.

El propio José Luis Perestelo presentó una moción en este sentido. "Nuestra propuesta no se dirige sólo a que se nos den las competencias, sino a que haya una mejor relación y comunicación de las administraciones para evitar casos como fue el de Cho Vito".

A juicio de Perestelo, "lo que no puede ser es que se tire por tirar, y lo que pedimos es que cuando se tome una decisión de este tipo, luego haya una inversión real destinada a rehabilitar la zona y acondicionarla para el uso y disfrute de la ciudadanía".

Lo que realmente sorprende a Perestelo es la falta de cumplimiento del ejecutivo de Zapatero, ya que, según explica, "hace años llegamos a un acuerdo sobre el traspaso de competencias, con la anterior ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y luego no se ha cumplido".

"Todo se podría haber conseguido sin complicaciones modificando la Lotraca (Ley Orgánica de Transferencias Complementarias a Canarias)", apunta el secretario general de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Fernando Ríos, que insiste en que "si no se ha resuelto antes es porque no hay voluntad política".

Y es que mientras se decide si hay traspaso o no, y en qué términos, el Gobierno canario ya ha elaborado su propia norma, la llamada Ley de Costas Canaria, que ha sido denunciada por el Gobierno central por considerarla ilegal y que se encuentra suspendida por Tribunal Constitucional.