E.P., Barcelona/Madrid
El Ministerio de Sanidad y Política Social prohibirá fumar en espacios públicos cerrados, locales de ocio y restaurantes en 2010, según aseguró ayer la ministra del ramo, Trinidad Jiménez, que destacó que existe un "grado de consenso bastante amplio".
Jiménez dijo que "el problema no es que se fume en lugares públicos, sino en lugares públicos cerrados", y en este sentido descartó prohibir fumar en terrazas y plazas de toros. La ministra constató que las "conversaciones están muy avanzadas" y la posición es bastante mayoritaria en el seno del conjunto de grupos políticos.
"En la medida en que consigamos consenso político, conseguiremos consenso social", señaló, y aseguró que la decisión "es muy fundada", puesto que está basada en la "protección de la salud". "Estamos culturalmente preparados para adoptarlo ya, y estamos en esa fase final de la negociación", remarcó.
El anuncio de la ministra fue respondido de forma inmediata por los hosteleros españoles, que podrían perder unos 33.300 millones de euros en 2010 con el endurecimiento de la denominada Ley Antitabaco, según la Federación Española de Hostelería (FEHR), desde donde se asegura que esta medida "dramática" dará "la puntilla" a los medianos y pequeños establecimientos que sobrevivan a la crisis.
El adjunto al presidente de la FEHD, José Luis Guerra, dijo que la crisis ha generado un 20% de pérdidas en el sector -que factura unos 111.000 millones de euros al año- y que en 2010 experimentará "una caída adicional del 10%" con la prohibición de fumar en todos los locales.
"El endurecimiento de la Ley Antitabaco nos preocupa profundamente, porque la hostelería está pasando por una grave crisis, miles de empresas familiares han sufrido caídas del 20% y esta prohibición dramática sumará una caída adicional del 10% que dará la puntilla al sector", aseveró.
Estas pérdidas se sumarán al dinero invertido por los propietarios de locales con una superficie superior a 100 metros para que sus clientes pudieran fumar, en base a la actual normativa.
Según Guerra, de los 70.000 locales con superficie superior a cien metros que hay en España, entre 40.000 y 50.000 hicieron las reformas necesarias y exigidas en la primera ley para que sus clientes pudieran fumar, según la actual normativa. Las obras tuvieron un coste medio por establecimiento que Guerra calculó en 20.000 euros. "En conjunto, los empresarios del sector se gastaron entre 800 y 1.000 millones de euros en ajustar sus locales a la actual normativa, pero el Ministerio de Sanidad no les va a indemnizar".
También aclaró que la posibilidad de que Sanidad permita seguir vendiendo tabaco en bares, cafeterías y restaurantes "no les interesa nada", ya que las máquinas expendedoras "no son un negocio para el sector, pues para conseguir unos 150 euros hay que vender unas 1.000 cajetillas, que no se venden ni en un mes".
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