Los sindicatos acusan a Educación de imponer el protocolo sobre agresiones

M.G., Tenerife

Los sindicatos de la enseñanza en Canarias han expresado su malestar por las formas que la Consejería de Educación ha empleado para tramitar el protocolo de actuación en caso de agresiones al profesorado, así como su discrepancia con parte del contenido de este proyecto, que califican de "insuficiente", dado que sólo se refiere a las agresiones físicas y excluye los insultos y amenazas.

A juicio de las organizaciones sindicales -que ayer se reunieron con la consejería para tratar este asunto-, la Administración educativa ha evitado la negociación sobre este documento. Pedro Crespo, vicepresidente de ANPE, denunció que la orden que recoge el protocolo ha sido remitida al Consejo Escolar de Canarias, "órgano consultivo y última instancia en el proceso", sin haber sido negociado previamente con los representantes de los trabajadores, pese a que "afecta claramente a las condiciones laborales" de éstos.

Durante el encuentro, la directora general de Personal de la Consejería animó a los sindicatos, ante las quejas de éstos, a realizar sus aportaciones. Sin embargo, el portavoz de ANPE sospecha que el texto "ya está hecho" y que, con esta reunión, el Gobierno regional ha querido dar apariencia de negociación al proceso de elaboración del protocolo.

Aunque está de acuerdo con "el fondo de la cuestión" -la necesidad de proteger y dar garantías jurídicas al profesorado que sea objeto de agresiones-, cree que a la Administración "le fallan sus formas autoritarias". En este sentido, el sindicato lamenta que la reunión de ayer haya sido "una completa pérdida de tiempo".

No sólo información

"Los representantes legales del profesorado no sólo estamos para ser informados de los propósitos y planes de la consejería, sino para negociar con ella en nombre del personal docente", sostiene Pedro Crespo.

En cuanto al contenido del protocolo, ANPE entiende que es "un simple convenio de colaboración con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias" y que se limita únicamente a los casos de agresiones físicas graves y olvida otras situaciones conflictivas.

En este sentido, la organización sindical recuerda que las "intimidaciones, insultos y amenazas más o menos veladas" constituyen "el paso previo a las agresiones físicas", por lo que exige actuar "con contundencia" si se quiere acabar realmente con el problema.

Además, los sindicatos recriminan a la Consejería de Educación que mantenga "parado" el decreto de convivencia -que regulará los derechos y obligaciones de alumnos, enseñantes y familias- pese a que su borrador está redactado desde hace ya meses. Según Crespo, ANPE planteó esta cuestión durante el encuentro de ayer, pero la Administración justificó el retraso en que se trata de "un proceso lento".

Precisamente, ANPE cuenta desde noviembre de 2008 con el servicio Defensor del Profesor, ante el que han sido denunciadas 97 agresiones a docentes, quince de ellas físicas, en tan solo un año de funcionamiento.