El Gobierno autónomo saca adelante la nueva Ley de Comercio de Canarias

PAULINO RIVERO, presidente del Gobierno autónomo, durante la votación de la nueva Ley de Comercio./ c. garcía (efe)

EL DÍA, S/C de Tenerife

El Parlamento de Canarias aprobó ayer el Proyecto de Ley Reguladora de la Licencia Comercial, con el que el Archipiélago ha llevado a cabo la transposición de la Directiva comunitaria de liberalización de los servicios a su legislación comercial. Contó con los votos a favor del grupo de Gobierno, Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), y la oposición del PSOE, que insistió en que la Ley entra en contradicción con la norma que la inspira e insinuó que, por ello, puede encontrarse también con la oposición de la Comisión Europea.

El grupo de Gobierno rechazó las enmiendas parciales planteadas por el PSOE, como ya hizo con la enmienda a la totalidad hace varias semanas, principalmente porque se anclaban en la idea de que la concesión de la licencia debe corresponder a cada Cabildo, en consonancia con los planes territoriales especiales de grandes equipamientos comerciales que deberán aprobarse en cada isla.

Según expresó el diputado socialista Santiago Pérez, sólo ligando el planeamiento insular a la voluntad de las instituciones insulares se podrá defender adecuadamente ante Bruselas y ante posibles reclamaciones de empresas damnificadas un régimen de autorización como el que, en contra del espíritu general de la Directiva, ha mantenido el Gobierno autónomo.

Canarias ha dado un paso más, indicó, en conciliar la introducción de nuevos formatos comerciales y la defensa del tejido empresarial local, un objetivo "válido" pero que, sometido a la decisión final de la Consejería del área, ha generado "un marco de subjetividad y falta de rigor". Los criterios de defensa del medio ambiente y del territorio, principales escudos con los que el Archipiélago amortigua la aplicación de la Directiva, se ven así, en su opinión, desdibujados.

El diputado popular Miguel Jorge defendió que las Islas tienen "unos condicionantes claros para aplicar exenciones de interés general", y citó la escasa disponibilidad de suelo y el hecho de que casi la mitad del mismo esté protegido.

Seguridad jurídica

Subrayó que otros criterios que, fijados para conceder licencias, vertían la "sospecha" de que pudieran ser considerados "económicos" -expresamente prohibidos por la norma comunitaria- se han eliminado del proyecto presentado por el Gobierno.

También valoró el "perfeccionamiento" del punto en el que se amplía el concepto de municipio turístico -con libertad de horarios-, que ha generado duras críticas de la Confederación Regional de Comercio, que entiende que beneficia a las grandes superficies y perjudica a las tiendas de cercanía. Ayer, en la sede del Parlamento, responsables de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias reiteraron su respaldo a esta modificación y, en general, a la nueva Ley, que, según dijeron, aportará un marco regulador estable.

Por su parte, la diputada de CC Belén Allende rechazó la concesión "insular" de la licencia comercial y dijo que la Ley Reguladora "es todo lo liberalizadora que se permite en Canarias". Además, con ella se mantendrá un "equilibrio exquisito entre los intereses de los consumidores, la ordenación territorial isleña y la pervivencia del comercio tradicional".

Respecto a la exigencia de licencia para aquellas enseñas que, de forma discontinua, superen límites de superficie que la Ley fija para los grandes establecimientos -algo que ha criticado la Asociación de Supermercados de Canarias-, indicó, en contra de lo expuesto por Pérez, que la ampliación y nuevas aperturas de las mismas "no generan una afección al medio ambiente menos intrusiva" que la de una gran superficie y que se deben evitar la "posiciones de dominio" sobre un territorio.

Cabe destacar que, a petición de colectivos de consumidores, ayer se ampliaron a última hora las superficies mínimas fijadas para Lanzarote y Fuerteventura, que se desmarcó así de las de La Palma.

Allende concluyó que la Ley autonómica "se adapta perfectamente" al ordenamiento europeo y evitará, con su régimen transitorio, que se produzcan agravios comparativos entre empresas que soliciten la licencia antes y después de la entrada en vigor de los planes territoriales pendientes.