El alcalde dejó prescribir la ilegalidad de una obra tras obviar un denuncia

IMAGEN DEL JUICIO contra el alcalde y un constructor por la prescripción urbanística de una obra ilegal./ M.CH.

M.CH., El Paso

Los técnicos municipales que elaboraron los informes urbanísticos y jurídicos en los que se basó el alcalde de El Paso, Máximo Brito, para firmar la prescripción administrativa de una parte de una obra ilegal ejecutada por el constructor Ricardo Barrios antes del año 2000, que ha motivado un largo proceso judicial, no tuvieron en cuenta los recursos disponibles para conocer la antigüedad real de la edificación ni tampoco recogieron la información completa sobre la denuncia que habían presentado unos ciudadanos previamente, anunciando las ampliaciones recientes de la vivienda.

Ambas conclusiones surgen de la testificación realizada por varios técnicos (de entre los 19 testigos citados a la vista oral) en el juicio llevado a cabo contra el alcalde y el empresario que ejecutó las edificaciones ilegales, unas prescritas por el ayuntamiento y otras precintadas por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

El cúmulo de errores administrativos previos a la firma de la resolución de la Alcaldía pudo haberse evitado con haber tenido en cuanta las fotografías de Grafcan existentes en la Oficina Técnica desde 1996 (compradas por la Corporación un año antes), tal y como reconoce uno de los arquitectos municipales que declararon. Ni la Policía Local (encargada de dictar la antigüedad de las obras), ni el técnico urbanista (que elaboró el informe), ni la jurista del ayuntamiento (que confirmó la legalidad del expediente), hicieron mención al respecto y dieron por bueno el proceso administrativo que se desarrolló en un solo día (entre el 4 y el 5 de enero de 2001), un dato que evidencia la urgencia con la que se tramitó el expediente.

Según afirmó Miguel Ángel Acosta Martín, uno de los dos arquitectos municipales (no participó en el expediente de prescripción que elaboró el otro arquitecto), cuando la Oficina Técnica realizó el informe previo de infracción urbanística en una parte de las obras (que sí elaboró él), obvió la ampliación de la casa porque "no me informaron de toda la denuncia del particular, sólo del informe policial y de la providencia del alcalde. Se informó sólo de la nave, que fue lo que se me pidió. Si me hubieran informado del resto, hubiera hecho el informe completo".

En cualquier caso, aseveró, "la ampliación de la casa estaba a la vista de todos, junto a la carretera, y estaba claro que no tenía más de cuatro años, pero tampoco había denuncia al respecto y yo no voy metiéndome en el trabajo de otros compañeros". Este técnico confirmó además que "se sabía que habían unas fotos o planos aéreos del año 1996 y las ampliaciones de la vivienda no aparecían". Aunque, aclaró, "es verdad que si la Policía no conoce de las fotos el error es entendible".

Acosta Martín cuestionó, a preguntas de la fiscal, la urgencia del trámite realizado: "no es habitual que en un mismo día un técnico reconozca el lugar y elabore y firme su informe, para que luego se haga ese mismo día otro informe jurídico. Por mucha urgencia que se tenga, no es habitual".

En cuanto a la evidencia de que las obras habían sido ejecutadas antes de los cuatro años que se necesitaban para prescribieran como infracción urbanística, el ingeniero jefe de la Dirección General de Ordenación Territorial, Domingo Hernández, declaró por videoconferencia que era "obvio" y "evidente" que los anexos nuevos de la casa eran posteriores a la fecha que le otorgó la Policía y asumió la Oficina Técnica, los Servicios Jurídicos y, en última instancia, el alcalde.

En ese sentido, dijo: "Yo lo hubiera detectado y cualquier arquitecto también, aunque desconozco si un policía, que fue quien inspeccionó la zona, puede hacerlo. Para un técnico si es fácil verlo. Se advertía una evolución en la obra, en la edificación".