LA PRESUNCIÓN de inocencia constituye uno de los pilares básicos del Estado de Derecho en cualquier país o sociedad democrática, que muchas veces se ve alterada cuando fallan los mecanismos y procedimientos de verificación e investigación de un posible delito, falta o irregularidad, o simplemente, es tal el grado de criminalidad en que nos hallamos inmersos, en que pasamos a convertirnos en ciudadanos bajo sospecha permanente. Los lamentables hechos recientes en nuestra Isla vienen a demostrar, al menos, así lo pienso, personalmente, que el tránsito del "habeas corpus" hasta la puesta a disposición de la autoridad judicial por cualquier causa penal, nos convierte en "culpables hasta que no se demuestre lo contrario" y no al revés. La Constitución Española, con todo respeto, se me antoja papel mojado, no sólo en este dramático asunto que pudiera afectar a muchos ciudadanos, sino en otros igualmente sangrantes y lamentables. Hoy se cumplen 31 años de la aprobación de la Carta Magna, una fecha para la reflexión sobre todo lo actuado desde 1978 hasta ahora, sobre todo para mejorarla o profundizar en su cumplimiento por parte de los ciudadanos y de las administraciones. Se critica lo que se valora y, este y otros casos, no son la excepción. El imperio de la Ley para todos.
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