AYUNTAMIENTOS, cabildos y Gobierno canario alcanzamos esta semana un acuerdo que desbloquea las negociaciones entre administraciones y favorece la elaboración de los presupuestos públicos. Se trata, por encima de todo, de un compromiso con el interés general y en beneficio de los ciudadanos, a los que nos debemos todos los representantes públicos.
2010 volverá a ser un año complicado, puede que incluso más que este que estamos a punto de concluir pues, aunque la crisis económica se ha estancado y han empezado a aparecer los primeros datos positivos en nuestro país, el paro sigue creciendo -el pasado miércoles conocimos un nuevo aumento- y los efectos positivos todavía tardarán en hacerse notar.
Estamos obligados a funcionar con los recursos disponibles, que se corresponden con lo recaudado a lo largo del año y a los que sólo es posible sumar la previsión sobre los próximos ingresos, pero que no deja de ser más que eso, una posibilidad frente a la necesidad de afrontar las prestaciones básicas y servicios sociales que, lejos de recortarse, se deben mantener y hasta crecer en todo lo posible para hacer frente a los problemas que tiene la población.
No se trata, sin embargo, de ser alarmistas, pero sí de analizar la realidad; fijar prioridades absolutas y buscar las fórmulas que nos permitan garantizar la respuesta a las necesidades ciudadanas, que es precisamente lo que siempre hemos defendido ayuntamientos y cabildos ante el Gobierno regional.
Se ultiman estos días las cuentas con las que funcionarán las instituciones el próximo año, en el que la generación de puestos de trabajo debe volver a ser una prioridad, igual que tienen que serlo los servicios para los más necesitados o las ayudas para los que carecen de recursos. Es por ello que, pese a la reducción de ingresos corrientes que, igual que todas las administraciones, sufrirá el Cabildo de La Gomera, nos estamos esforzando para diseñar unas cuentas que nos permitan mantener las políticas sociales que nos caracterizan y, sobre todo, el respaldo al empleo.
Cabe recordar que la institución insular colombina destinó este año nada menos que 9 millones de euros a lo que se ha llamado el Plan de Dinamización Económica, que no es otra cosa que un plan insular contra la crisis, del que se han beneficiado 935 trabajadores, a los que también habrá que volver a atender el próximo año.
Era imprescindible, por tanto, que se resolviera la disputa en torno a los ingresos y devoluciones del Régimen Económico y Fiscal (REF), que durante casi medio año hemos mantenido abierta las distintas administraciones públicas canarias -ayuntamientos, cabildos y Gobierno canario-, y que definitivamente hemos cerrado esta semana de manera satisfactoria para todas las partes.
Las corporaciones locales, a las que cada día acuden los ciudadanos en busca de ayuda, han vuelto a dar un nuevo ejemplo de solidaridad y servicio público, y lo mismo ha hecho el Ejecutivo autonómico, pues se ha aceptado una fórmula intermedia que reparte el imprescindible esfuerzo económico, para que ninguna de las instituciones se quede sin posibilidades de actuar.
El Gobierno canario reclamaba a cabildos y ayuntamientos la devolución de 170 millones de euros entregados a cuenta y en base a unas previsiones de ingresos que finalmente no se produjeron. Demandaba, además, que el dinero se reingresara en las arcas autonómicas este mismo año, lo que, a todas luces, hubiera supuesto un grave perjuicio para las corporaciones locales y la imposibilidad de atender servicios y dar respuesta al ciudadano.
En consecuencia, se presentaron propuestas alternativas, que tomaban como base la moratoria y el fraccionamiento de los pagos que aplica el Gobierno de España, y finalmente se ha acordado descontar las compensaciones por sanciones, demoras, recargos y la parte proporcional de las cantidades negativas del extinto ITE, para cifrar la devolución en 151 millones de euros. Se ha estipulado, además, un pago a plazos, que no impida el correcto funcionamiento de ninguna institución y que limita el abono de este año a 4,7 millones de euros.
Quedan muchas cuestiones por resolver, como pueden ser la financiación de los planes sectoriales o la imprescindible modificación de la ley de financiación de las instituciones y el modelo competencial en las administraciones canarias, para eliminar mínimos y ajustar la distribución de ingresos a la gestión real que realiza cada administración, entre otros asuntos, que también tienen una repercusión directa en los presupuestos públicos. Sin embargo, el acuerdo alcanzado demuestra que, sin duda, hay salidas y entre todos podremos afrontar las dificultades.
* Presidente del Cabildo
de La Gomera
© Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. |Aviso legal | Mapa del sitio | Publicación digital controlada por OJD
