Corrupción política: tolerancia cero

El mes pasado, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, llevó al Congreso de los Diputados un informe que certificaba la existencia de 730 procedimientos judiciales y diligencias de investigación contra los partidos políticos por casos de corrupción. Las tres fuerzas políticas con más casos abiertos en todo el país coinciden con los tres grupos parlamentarios canarios. Mientras que los socialistas encabezan la lista, con 264, los populares tienen 200 y Coalición Canaria (CC) 43. Para debatir esta situación y estudiar sus consecuencias y posibles respuestas, esta semana EL DÍA invitó al secretario general regional de la Unión General de Trabajadores (UGT), Juan Francisco Fonte; el presidente insular de Centro Canario (CCN), Melchor Núñez; el secretario insular de Izquierda Unida (IU), Miguel Ángel Pérez; la diputada regional por CC, Flora Marrero; el coordinador insular del Partido Popular (PP), Carlos Tarife; la responsable de Justicia y Seguridad del Partido Socialista Canario (PSC), Sandra Rodríguez; el secretario de Economía y Políticas Sectoriales de Comisiones Obreras de Canarias (CCOO), Carmelo Jorge, y el representante de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Diego Vega.

Judicializar la política

En una primera intervención para fijar posiciones, Carlos Tarife comenzó por criticar la divulgación de los datos sobre imputados por parte del fiscal general del Estado. "Flaco favor se hace al favorecer un juicio paralelo en los medios de comunicación", lamentó. También criticó la postura del secretario general de los socialistas canarios, Juan Fernando López Aguilar, a quien recordó el respeto mostrado por el PP en relación a los casi 25 cargos públicos socialistas imputados en Canarias y que, para los populares, son inocentes hasta que el juez demuestre lo contrario. Para Tarife, judicializar la vida política no es bueno.

Por su parte, Sandra Rodríguez quiso enfatizar nada más tomar la palabra que la corrupción es una lacra para la democracia. En respuesta a las críticas de Tarife al fiscal general del Estado, Rodríguez señaló que la divulgación de la cifra de imputados e investigados por casos de corrupción no respondió a un acto aislado cualquiera, sino en el marco de la presentación de la memoria anual.

Si bien cree que los casos denunciados no pueden analizarse "al peso", aboga por que todos los partidos tengan una reacción similar al pedir que dejen las instituciones al margen de sus alegatos y que exijan decencia a sus miembros. Ante un proceso penal que es muy garantista y que, por este motivo, puede no condenar a quienes tendrían que serlo debido a tecnicismos, Rodríguez opina que todas las fuerzas políticas deberían demandar un mayor nivel moral a sus miembros.

Para el representante de la Cámara, la política se ha ido corrompiendo a medida que ha ido avanzado la democracia. La corrupción en Canarias, señala, pone en evidencia que algo no funciona en la vida política del Archipiélago, lo que se refleja tanto en la financiación de los partidos políticos como en la propia corrupción que afecta a quienes ejercen la actividad política en las Islas.

Ve con preocupación que hoy día cualquier auxiliar administrativo pueda llegar a interventor en la Administración, lo que les resta libertad para oponerse a los deseos y órdenes del político de turno. También estima que los controles son insuficientes. Lamenta la situación y asevera que la democracia no puede estar vinculada a la corrupción.

Flora Marrero abrió su intervención con esta última idea de Diego Vega y coincidió en que la corrupción supone una amenaza para la democracia y para los pilares del Estado de Derecho debido a la desconfianza que genera en la ciudadanía.

En relación al informe de la Fiscalía General del Estado, Marrero apuntó que el documento también subrayaba la existencia de más de 66.000 representantes públicos en toda España, de los que unos 1.359 corresponden a concejales. Destacó así que los casos a los que se refirió el fiscal general sólo representan cerca del 1%. También criticó las filtraciones, que hacen daños a los imputados y que siguen siendo inocentes hasta que son condenados por un tribunal. "Pueden resultar inocentes al final, pese a ser detenidos frente a la puerta de un colegio en presencia de los hijos o en lugares públicos, como ya ha ocurrido alguna vez", lamentó. De esta manera, la corrupción debe ser condenada, pero también las filtraciones.

Melchor Núñez se muestra tajante cuando señala que la corrupción procede de una normativa deficiente. Estima que no hay una legislación que regule bien la materia y por eso se crea una tendencia inevitable a favor de la corrupción.

Para CCN, la corrupción no es sólo un hecho político, sino que puede surgir en el ámbito profesional y otros de los individuos, si bien admite que la que más impacto genera es la política reflejarse en el fenómeno del clientelismo, errores negligentes en la administración de los bienes públicos así como en la financiación de los partidos políticos.

En cuanto al clientelismo, condena el quebranto del principio que debería regir en la Administración de igualdad, capacidad y mérito en las contrataciones de los empleados públicos al existir casos de ayuntamientos donde hay "más de 20 parientes" del alcalde contratados y denuncia la falta de transparencia de información, el favoritismo en los procesos de contratación y en asuntos urbanísticos.

Para Núñez, las intervenciones de Tarife y Rodríguez resultan "perfectamente intercambiables", lo que atribuye a la incapacidad de sus partidos -PP y PSOE- para adecuar la ley a evitar la corrupción.

IU, a través de su secretario insular, Miguel Ángel Pérez, señala que se trata de un fenómeno que "subyace en las formas que nos hemos dado para este democracia formal". En el caso de Canarias, apunta, critica el modelo del sistema electoral, que obliga a la aparición de un tripartito en el Gobierno donde siempre está CC, la mayor parte de las veces con el PP, a veces con los socialistas. Por eso, observa que hay tres formaciones políticas que salen beneficiadas de esta estructura y pone en duda su carácter democrático al "censurar" a los sectores minoritarios, que son más críticos. Concluye que existe una base corrupta que contradice el principio de que un ciudadano debe equivaler a un voto y resalta que CC es el partido del Estado que más supuestos casos de corrupción tiene en términos proporcionales.

Déficit democrático

Para Juan Francisco Fonte existe un déficit democrático a todos los niveles que afecta a todos los partidos. Tras criticar la oposición de las fuerzas políticas canarias a permitir la presencia de los sindicatos en los consejos de administración de las empresas públicas y las mesas de contratación, el máximo representante de UGT en Canarias abogó, al igual que señaló Sandra Rodríguez, por elevar el nivel de la exigencia transparencia y ética de los políticos. El divorcio entre la clase política y los problemas de la clase trabajadora, que percibe el debate sobre la corrupción como si fuera un programa de televisión cualquiera de cotilleo, provoca un alejamiento entre los ciudadanos y la propia democracia.

Carmelo Jorge aclara, en relación a la intervención de Flora Marrero, que la corrupción es una lacra para la democracia, en vez de una lacra de la democracia, sistema en el que se informa de la existencia de las corruptelas y se pueden aplicar medidas correctivas, a diferencia de lo que ocurre en las dictaduras, que dan una idea de menor corrupción debido al oscurantismo y falta de información que las caracteriza. Para CCOO, el informe del fiscal general trae más aspectos interesantes que el simple listado de imputados e investigados por casos de corrupción, como el hecho de que los ciudadanos condenan incluso más que el propio fenómeno, la rentabilidad que los partidos intentan sacar de los casos en los que se ven envueltos los oponentes sin dar un ejemplo de limpieza interna. Lamenta el hecho de que en los últimos 30 años, en España se ha dado una ofensiva ideológica en la que se confunde riqueza con éxito y se confunden el triunfo con la posesión de dinero, por lo que el trabajador ordinario resulta un "pringadillo".

Para Jorge, la corrupción es inseparable de este sistema de valores, sobre los que hay que trabajar para cambiar la situación.

Ante estos argumentos, Núñez insistió en la necesidad de elaborar una ley de rango orgánico que regule la materia para dar una mayor transparencia, lo que ayudaría a limitar la corrupción.

Pero Vega cree que legislación es lo que sobra. La que existe, además, es adecuada, pero falla su aplicación, por lo que no hacen falta más leyes, sino cumplir las que ya hay. En esto coincide con Sandra Rodríguez, que considera que no existe un déficit legislativo, sino que los partidos deben exigir "tolerancia cero" a sus miembros sin esperar a que se produzca una sentencia firme en los tribunales para generar confianza a los ciudadanos. Así, todos verían que "no sale gratis mantener en sus filas a los que están, presuntamente, en una situación corrupta".

Fonte efectuó un llamamiento en favor del interés general para cambiar la cultura desde los propios comportamientos individuales, donde reside la responsabilidad personal ante actitudes deshonestas. La sociedad reclama, explicó, una concienciación de la clase política. Flora Marrero estuvo de acuerdo en la necesidad de aumentar los controles a fin de evitar los bajos índices de participación electoral en las Islas, que es reflejo de la desconfianza ciudadana en su clase dirigente., si bien difirió de Sandra Rodríguez al destacar la importancia de preservar el principio de la presunción de inocencia, que los medios aclaren a sus seguidores que los términos "imputado" y "condenado" no son equivalentes y la importancia de la transparencia.

Al respecto, Tarife señaló que miedo a controles adicionales "sólo pueden tenerlos quienes meten la mano en la lata del gofio", si bien es importante la equidad porque sería injusto aplicarlos siempre sobre los mismos, en vez de ejercerlo sobre todos.

Diego Vega apuntó que los valores que tienen los políticos son los de la propia sociedad de la que proviene y lamentó la educación deficiente que hay en el caso de Canarias. Por este motivo, señaló, lo primero que hay que abordar en las Islas es una reforma educativa que aborde el asunto desde la infancia y que conduzca a una tolerancia cero hacia la corrupción.

Texto: O. GONZÁLEZ y C. ACOSTA Fotos: MARÍA PISACA