El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, aseguró ayer durante una comparecencia parlamentaria que la implantación de la nueva oficina judicial en las Islas no será posible en el plazo previsto si el Ministerio de Justicia no destina más secretarios judiciales.

Ruano recordó que Canarias padece un gran déficit de estos profesionales, puesto que de 120 plazas creadas, 97 están vacantes.

"Actualmente cada juzgado funciona como si fuera una oficina judicial, lo que se pretende con la nueva oficina es que en un futuro cercano haya un régimen común, pero eso no es posible conseguirlo de manera alguna si no hay más secretarios judiciales", manifestó.

Y es que la implantación de la nueva oficina judicial es el eje de política de modernización de la Justicia, puesto que aboga por un sistema de trabajo más eficaz, coordinado e interconectado.

En este sentido, se lamentó de que en la celebración de la última Comisión Técnica de la Conferencia Sectorial de Justicia el Ministerio no definiera cuántos secretarios le corresponden a cada comunidad autónoma, si bien el departamento estatal se comprometió a estudiar la situación y a establecer unos parámetros que permitan asignar el personal necesario a cada autonomía.

"En el Archipiélago contamos con dos experiencias piloto en los juzgados de Arona y Arrecife, y ya se han dado las instrucciones oportunas para que en todos los juzgados de nueva creación se incluyan construcciones específicas para favorecer este sistema", dijo el consejero en clara referencia al nuevo Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria y al proyecto del de Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo, informó a los miembros de la Comisión Parlamentaria de Justicia y Gobernación de que en la última comisión técnica, el Gobierno canario mostró sus discrepancias sobre el modelo de gestión del personal, ya que "lo que no es lógico es que toda la plantilla dependa de la Comunidad Autónoma y, sin embargo, los encargados de dirigir a ese equipo, que son los secretarios judiciales, dependan del Ministerio".

Además, recordó que el 55% de la plantilla de Justicia en Canarias es interina, ya que la convocatoria de oposiciones no la puede realizar la consejería, sino el Ministerio, "aunque el personal sea autonómico", y se lamentó de que no se hubiera alcanzado un acuerdo en este sentido con el ministro, ya que lo que decidió fue la creación de un grupo de reflexión.