EL GOBIERNO de Canarias difundió, a modo de globo sonda, el borrador de una orden por la que se pretende modificar los criterios de conformación de las listas de funcionarios interinos en los sectores de la Administración pública canaria.
La modificación pretendida se refiere a la necesidad de establecer un orden de prelación en la composición de las listas de reserva del profesorado interino para impartir docencia en la enseñanza no universitaria. O dicho de otra manera, se pretende que las listas de reserva para suplir bajas o incidencias de docentes esté integrada por aquellos aspirantes que, habiendo superado la fase de oposición en las convocatorias de pruebas selectivas -léase oposiciones- no hayan resultado seleccionados. Estos aspirantes aprobados sin plaza serán ordenados en las listas conforme a la calificación final obtenida en los exámenes.
Hasta ahora, las listas de reserva para suplir incidencias de maestros y profesores, que se actualiza cada 4 años, está integrada por más de 8.000 docentes, algunos de ellos con varios lustros en ellas, ordenados por antigüedad.
Según los docentes interinos afectados y los sindicatos de la enseñanza que los respaldan, este nuevo sistema que pretende el Gobierno canario elimina la valoración de la experiencia laboral acumulada, así como los servicios prestados en la docencia durante muchos años por dicho personal, que se considera con derechos adquiridos para seguir ocupando un lugar prioritario en dichas listas. O sea, no quieren que se les prive del "estatu quo" que hasta ahora han mantenido, por lo que solicitan la retirada de la proyectada orden valiéndose de protestas y movilizaciones.
Veamos. No entiendo el revuelo que están organizando los docentes interinos a costa de este proyecto. ¿Acaso se les está impidiendo o dificultando el acceso a las pruebas selectivas cuya superación les facultaría para obtener una plaza en propiedad, con lo que abandonarían su precaria situación de interinidad? Todo lo contrario, pues merced a la presión de los sindicatos ante la Administración central, los profesores interinos se ven favorecidos en las pruebas del proceso selectivo con respecto a los opositores noveles que optan por conseguir una plaza de docente, ya que los ejercicios de la fase de oposición, donde mayor número de "no aptos" se suele dar entre los aspirantes no tiene carácter eliminatorio. Además, los interinos pueden quedar exentos de la prueba más difícil y la que mayor número de aspirantes suspende: la exposición y defensa ante el tribunal examinador de una Unidad Didáctica, ya que podrán sustituirla por un informe elaborado por la Administración educativa convocante. ¿No es esto una irregularidad? ¿Cómo es posible que una prueba oral tan trascendente y decisiva pueda ser sustituida por un certificado que, más bien, es propio de la fase de concurso?
Pero es que, además, en la fase de concurso -y siempre para favorecer a los interinos- se valora la experiencia previa del aspirante a razón de 0,7 puntos por año de ejercicio docente, hasta un máximo de 7 puntos. ¿Y qué significa esto? Pues que como la mayoría de ellos lleva ejerciendo la docencia como interino durante muchos años, el baremo que consiguen es inalcanzable para los aspirantes no interinos, quienes deben obtener un 10 de nota en la fase de oposición para poder optar a una de las plazas ofertadas. Toda una proeza. Así, por ejemplo, en la última convocatoria para maestros los interinos consiguieron el 75% de las plazas. ¿Con qué esperanza y estímulo se presentan los aspirantes no interinos? Juzguen Vds. ¿No es esto una vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben imperar en cualquier convocatoria pública?
Estas "ventajas" que tienen los interinos para obtener una plaza de titular en las oposiciones no parece agradarles tampoco porque muchos de ellos optan por no aprobar, ya que prefieren seguir ocupando plaza de docente interino en el centro escolar donde se hallan, como si la tuvieran en propiedad, antes de que un probable destino a otra localidad o isla los obligue a desalojar la silla que ocupan.
Estos profesionales interinos, inmersos y acomodados durante años en su precaria situación, están ocupando en centros de enseñanza unas plazas de docente que no han logrado. Por consiguiente, no pueden pretender que la Administración les conceda la titularidad porque son casi 8.000 que están obstaculizando el libre acceso de aquellos para los que la antigüedad no es el único mérito para tener un puesto privilegiado en las listas de reserva.