CEOE-Tenerife exige un plan específico para reducir la burocracia en Canarias

PAULINO RIVERO recoge, ayer, las sugerencias de Luis González./CEDIDA

EL DÍA, S/C de Tenerife

La Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife) reiteró ayer de la necesidad de un plan de acción "específico" para el Archipiélago que complemente las medidas generales de mejora del marco normativo y la reducción de la carga administrativa ante la actual situación económica.

La patronal provincial considera que "el compromiso de simplificación administrativa adquirido en septiembre de 2008, de estímulo a la actividad e iniciativa empresarial, así como la opción del silencio administrativo positivo, responde a la demanda que ha venido planteando esta confederación desde que presentó su Plan de Desarrollo Empresarial a 2020, en 2006, como uno de los cambios estructurales necesarios que se deben afrontar en los próximos años en el ámbito de Canarias para dinamizar la actividad económica y hacerla más competitiva".

Sin embarco, CEOE-Tenerife observa que las actividades económicas son sometidas "a una regulación pública de variable objeto e intensidad que, de no resultar convenientemente ajustada o calibrada, puede constituir una carga excesiva para las empresas existentes, limitar la competencia entre ellas u obstaculizar el libre acceso al mercado, causando efectos contrarios a los esperados".

De hecho, en su opinión, "la legislación puede entrañar costes, frenar la actividad empresarial, desviar recursos de un uso más eficaz y, en algunos casos, obstaculizar la innovación, la productividad y el crecimiento. De ahí que resulte necesario buscar el equilibrio adecuado para que el marco regulador sea sencillo y eficaz".

Por eso, CEOE-Tenerife entiende que la Administración Publica de Canarias "debe compartir la importancia de poner freno a la desproporcionada carga legislativa y administrativa que muchos empresarios y emprendedores no pueden afrontar y que limitan la iniciativa empresarial, debiendo ser asumido también por cabildos y ayuntamientos".

Según un análisis encargado por CEOE en Canarias se observa que, además de verse afectada por las limitaciones derivadas de su condición de Región Ultraperiférica, se "encuentra inmersa en un marco regulatorio inadecuado, lastrado por el exceso de burocracia, falta de coordinación entre las Administraciones, lentitud en los procesos administrativos y gran complejidad de las normas, que perjudican a las empresas".

"Esta fotografía del marco regulatorio canario desanima, sin duda, a los emprendedores y, en gran medida, a los más jóvenes, encontrándonos ante un escenario donde los estudiantes que han finalizado escogen la opción de trabajar para la Administración", asevera.

Especialmente ilustrativo resulta el análisis realizado de casos concretos de puesta en marcha de nuevas actividades como la acuicultura, la energía eólica, solar, fotovoltaica y gasificación, "donde los tiempos requeridos para el inicio de un nuevo negocio, van desde los 3 años para una planta fotovoltaica, 7 para una planta eólica, 8 años para la acuícola, y de hasta 14 años para las plantas regasificadoras. Detectándose, además, que la legislación en dichos casos resulta excesiva, a veces contradictoria, en ocasiones voluntarista y muchas veces, insegura", asegura CEOE.