El portavoz parlamentario del PSC, Santiago Pérez, denunció ayer que la adaptación de la Ley de Ordenación del Turismo 7/1995 a la directiva de liberalización de servicios es "tan radical" que no exige autorizaciones para la realización de actividades turísticas "en espacios protegidos o áreas de sensibilidad ecológica" incluso "cuando puedan resultar afectadas especies animales o vegetales declaradas protegidas".
En rueda de prensa, Pérez hizo referencia al dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, en el que se señala que la disposición adicional primera del proyecto de ley que se tramita en el Parlamento "suprime la autorización turística para la realización de actividades turísticas y la instalación de establecimientos para su desarrollo, en espacios naturales protegidos o en áreas de sensibilidad ecológica catalogadas en aplicación de la legislación de prevención de impacto ecológico, así como cuando puedan resultar afectadas especies animales o vegetales protegidas y, específicamente, las autorizaciones para la observación, con fines turísticos, de cetáceos en el mar".
"Cualquier empresa que quiera empezar a operar para ofrecer servicios de observación de cetáceos lo podrá hacer sin tener que pedir un permiso específico", aseguró Pérez.
A su juicio, hay una "profunda incoherencia" en el Gobierno regional, porque mientras que por un lado se apoya la liberalización "radical" en el sector del turismo (PP), por otro se apuesta por mantener los controles en otra adaptación de la directiva de servicios: las grandes superficies comerciales (CC).
Sin "autoridad moral"
Por otro lado, Santiago Pérez se refirió al conflicto que mantiene el Gobierno de Canarias con los empleados públicos de la Comunidad Autónoma, y aseguró que el Ejecutivo "no tiene autoridad moral para hablar de absentismo hasta tanto se preste a hablar del "enchufismo y las prácticas clientelares".
Pérez criticó al vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, por hablar sobre el absentismo de los funcionarios pero no del cambio de régimen como altos cargos de los responsables de las fundaciones y empresas públicas. Así, y aunque coincidió con el Ejecutivo al señalar que los altos índices de absentismo en el sector público "no se pueden explicar", consideró que el Ejecutivo "ha perdido el tiempo" durante los últimos años por no proponer medidas para solucionarlo.