100.000 trabajadores menos y 5.000 funcionarios más

CADA DÍA estamos acostumbrados a ver decenas de cifras sobre los parados de Canarias y de España: edades, sexo, sectores, tiempo en el desempleo, percepción o no de subsidios. La estadística y las telecomunicaciones nos inundan a datos. Pero... ¿Qué pasa con los que trabajan? ¿Están en las mejores condiciones para reimpulsar de nuevo la máquina que, además de detenerse, ha retrocedido?

Hay cifras que resultan sorprendentes. Hace justamente dos años, en septiembre de 2007, cuando la crisis no había hecho mella todavía, los trabajadores de las administraciones públicas representaban en Canarias el 20% del total. Eran exactamente 180.615 de los 845.000 que trabajaban en Canarias. Uno de cada cinco; una cifra considerada ya entonces muy alta, pero que respondía a las necesidades del llamado estado del bienestar, donde la sanidad y la educación son afortunadamente universales.

Teníamos en Canarias entonces 49.500 profesionales trabajando en la Educación (casi todos públicos y los concertados pagados por el Gobierno) y 53.000 trabajando en la Sanidad y los servicios sociales (también públicos en su inmensa mayoría). Por lo tanto, había más de 72.000 empleados en el resto de los servicios públicos no esenciales, contando todas las administraciones.

¿Qué ha ocurrido tras dos años de crisis? Los trabajadores públicos son ahora (septiembre de 2009) más del 24% de todos los empleados de Canarias: uno de cada cuatro.

No es que los puestos de trabajo públicos hayan crecido tanto: ahora existen 5.000 más que hace dos años. Lo que ocurre es que al haber disminuido en 101.000 personas el número total de los trabajadores empleados, el peso de los que prestan sus servicios en el sector público ha ascendido fuertemente.

Nos encontramos así en la tesitura de que disponemos en Canarias de cinco mil empleados públicos más y más de cien mil empleados privados menos, la mayoría de ellos cobrando el subsidio de desempleo, un "colchón social" del que se carecía en la gran crisis de los años setenta, mucho más dura en términos sociales.

Mientras las caídas recaudatorias de los dos últimos años en Canarias superan el 30%, el sector público ha seguido creciendo y no siempre en los servicios públicos básicos: hoy hay dos mil empleados menos trabajando en Educación que hace dos años, tres mil más en Sanidad y cuatro mil más en la administración general.

¿A qué ha conducido esta situación? A que el margen inversor de las administraciones públicas canarias se haya reducido drásticamente porque han llegado en su mayoría a su techo de endeudamiento.

Las medidas de austeridad en el gasto corriente del sector público se imponen si se aspira a que la reactivación pueda ser un hecho, no ya en 2010, sino en los años siguientes. De no ser así, con cien mil trabajadores menos empujando la máquina productiva y generadora de impuestos, la burocracia pública colapsará las capacidades de crecimiento y se agravarán todos los problemas.

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