La aprobación parlamentaria de la Proposición de Ley para la reforma del actual Catálogo de Especies Protegidas de Canarias ha generado un debate que ya ha traspasado los límites políticos sobre si se trata de una norma que servirá para maximizar la preservación y conservación de todas las especies del Archipiélago que puedan estar en situación de riesgo, tal y como defiende el Gobierno, o si permitirá descatalogar con mayor facilidad determinadas especies.
Su máximo defensor hasta la fecha ha sido el diputado de Coalición Canaria (CC) José Miguel González, que justificó la idoneidad de revisar el actual catálogo y darle fuerza de ley, porque "el que se pueda utilizar un régimen sancionador con las especies en extinción y con las vulnerables tiene que estar establecido por una ley, porque si no sería enormemente discutible. Es necesario que exista un proceso único de clasificación y desclasificación que determine si una especie está en peligro o no, si es vulnerable o no, si se han seguido los criterios científicos, etc".
Esta visión es plenamente compartida por el Partido Popular (PP), que, por boca del diputado Carlos Ester, ha manifestado que "esta ley viene a adaptar la legislación canaria, no sólo a la estatal sino también a la comunitaria, porque al crearse el nuevo catálogo de especies protegidas se ejercitarán mejor las competencias de la comunidad autónoma".
Bastante lejos se posiciona el Partido Socialista, que ya en el debate de toma en consideración mostró su rechazo al nuevo catálogo, al menos tal y como se ha planteado, por lo que a través de la diputada Guacimara Medina pidió a la Cámara autonómica que se reflexionara al respecto y se plantearan "si esta ley realmente nace con el único fin que se le debe atribuir, es decir, el de velar por la biodiversidad de las Islas", y refiriéndose a continuación a la cuestión de los sebadales, que según mantienen dejarán de estar protegidos con el consiguiente efecto que eso tendría a la hora de desbloquear asuntos tan candentes como el de la construcción del puerto de Granadilla.
Protección de los sebadales.- En este sentido, el PSOE considera que CC y PP lo que han querido es ocultar "una medida política a través de una proposición que tendría que haber presentando el Gobierno pero que ha preferido hacerlo a través de CC porque los requisitos parlamentarios son menores". Esta postura es compartida por la comunidad científica canaria, encabezada por la Facultad de Biología de la Universidad de La Laguna, y la mayor parte de las asociaciones ecologistas, que en un comunicado emitido el pasado jueves aseguraron que "a nadie se le escapa que así se podrán esconder las dificultades que el Gobierno está encontrando a la hora de construir el puerto de Granadilla, tras intentar negar la importancia de uno de los sebadales más importantes del Archipiélago y aprobar su descatalogación parcial".
Algo que el portavoz de CC en esta materia ha contestado tajantemente aludiendo a que "no se le puede aplicar la normativa de especies en peligro a algo que no está en peligro, como incluso ya ha determinado el Tribunal Constitucional".
Respaldo científico.- CC ha justificado la modificación del actual catálogo, vigente desde 2001, en la aportación hecha por el colectivo científico en 2004, en la que se hace una nueva valoración de las especies protegidas llegando a la conclusión de que existen 77 especies canarias, 52 vulnerables y 94 de interés para los ecosistemas canarios.
Estas afirmaciones de José Miguel González han sido desmentidas por la comunidad científica canaria, que además de negar su participación en ningún proyecto de revisión del catálogo, denuncian que está planteado más como un sistema de descatalogación que de protección.
Protección de especies.- Para CC y PP el nuevo decreto mejora la protección de las especies puesto que, adaptándose con rigor a la ley estatal, dejaría fuera de protección a numerosas especies, por lo que se ha creado la categoría de especies de interés para los ecosistemas canarios.
Sin embargo, tanto los científicos del Archipiélago como las asociaciones ecologistas alertan de que, si finalmente entrara en vigor, el nuevo catálogo dejaría fuera de protección a 226 especies protegidas desde 2001, a otras 131 se les rebajaría el grado de protección y 94 se protegerían "de forma perversa, puesto que sólo se protegerá a la planta o al animal que esté dentro de un espacio protegido, pero si pisa, crece, nada o vuela fuera de estos lugares, dejará de estar protegido, además de que se contempla la posibilidad de que espacios protegidos dejen de estarlo por motivos de interés general.
Este punto lo ha negado CC al explicar que "una especie que está protegida lo está siempre".