Los guías turísticos de las Islas piden "protección" al Ejecutivo

MARK TINDALL (c), en la presentación de resultados de la compañía./ M.E.

EL DÍA, S/C de Tenerife

El decreto que está a punto de aprobar el Gobierno autónomo para regular la actividad de los guías turísticos al amparo de la directiva comunitaria de liberalización de los servicios (conocida como Bolkestein) abrirá la puerta a una "invasión" de profesionales del resto del país -Canarias supone una salida laboral atractiva en su temporada invernal- que pondrá en riesgo los 4.000 puestos de trabajo de este subsector, la calidad del servicio que se presta a los turistas y la promoción del Archipiélago.

En estos términos se expresó ayer el presidente de la Confederación Española de Federaciones y Asociaciones Profesionales de Guías de Turismo (Cefapit) y de la Federación Europea de Guías, Carlos Ortega, que también preside la asociación grancanaria del ramo. Explicó que la aplicación de la directiva europea a la actividad de los guías supone, tal y como está planteada por el Ejecutivo canario, una "discriminación positiva" a favor de los trabajadores de otras autonomías, que no tienen que someterse a una prueba de aptitud sobre conocimientos específicos de las Islas.

Asunto de interés general

Una vez entre en vigor el decreto, que debe estar listo antes del 28 de diciembre -fecha impuesta por la Comisión Europea para que las leyes nacionales y autonómicas afectadas por la Bolkestein se modifiquen-, sólo pasarán un examen de aptitud los guías procedentes de otros países de la Unión que quieran establecerse en Canarias y carezcan de una experiencia mínima de dos años en el Archipiélago, pero se convalidará por completo la preparación de los que provengan del resto de España.

A juicio de los guías isleños, la Consejería del área no valora su papel en la promoción turística local ni el servicio que prestan a los visitantes, ya que no tiene en cuenta sus conocimientos sobre el patrimonio natural y cultural de Canarias al igualar la capacidad de un profesional con experiencia en una isla determinada o en el conjunto del Archipiélago -hoy es necesaria una segunda autorización para ejercer en más de una isla, que se elimina con el decreto- con la de otro cuyos conocimientos se circunscriben a cualquier otra región.

"Le vamos a hacer un flaco favor al turista si dejamos que lo guíe otro turista", apuntó Ortega, que defendió la aplicación de la directiva comunitaria de reconocimiento de las cualificaciones profesionales, que permite establecer "medidas compensatorias" como el establecimiento de las pruebas de aptitud, que otras autonomías han decidido mantener, subrayó.

El titular de Cefapit argumentó también que la propia directiva permite esas medidas de salvaguarda si está en juego una cuestión de interés general como la conservación del patrimonio.