Cada uno con su parque nacional

AUNQUE la Ley de Cabildos procede del Antiguo Régimen, su creación en 1912 fue la fórmula más factible de administración insular, dado nuestro fraccionamiento territorial. Con la Democracia, esta situación se ha mantenido, si bien y por la creación de los gobiernos autonómicos se ha superpuesto a este órgano el estrato regional, con sus tres poderes correspondientes. Esto, en mi opinión, ha generado una duplicidad de funciones que muchas veces pueden llegar a resultar incompatibles. Bastaba con una mancomunidad, la Fecai, y un turno rotativo de presidencia para administrar el dinero de todos los contribuyentes. Y, como consecuencia, estos fondos irían a una caja común desde donde se repartiría de forma racional entre los siete organismos, en función del número de habitantes, de la extensión geográfica y la necesidad de infraestructuras sociales (educación, sanidad, urbanismo...).

Curiosamente, y por la razón evidente de dicha insularidad, el mismo Gobierno canario ha ido reforzando las lógicas competencias de los cabildos y añadiendo algunas nuevas. Tanto es así que hoy en día gestionan turismo, medio ambiente, cultura, deportes, industria, carreteras, caminos, aguas potables y de riego, y también los museos, las playas, el transporte público y la ordenación territorial.

Siguiendo el orden antedicho, resulta obvia la importancia dual que tienen turismo y medio ambiente. El primero por su rentabilidad y el segundo por la necesidad espiritual y material de conservar para nosotros y nuestra descendencia la singularidad de nuestros bellos paisajes, cuya proyección, junto a la benignidad de nuestro clima, supone el decisivo acicate para que sigamos siendo un objetivo turístico de primera magnitud.

Lograda del Gobierno central la transferencia de nuestros parques nacionales, con sus consiguientes dotaciones personales y económicas, resurge la lógica demanda de los cabildos, que quieren gestionarlos de la misma manera que lo vienen haciendo con el resto del medio ambiente insular. Sería un contrasentido que el cuidado de toda la masa forestal que los circunda fuera custodiado por el cabildo respectivo, mientras que un metro más allá la competencia sea del Gobierno regional.

Y decimos esto sin querer entrar en los conflictos habituales de hegemonía insular y política en función del partido que gobierne en cada momento. Pero a corto plazo se generaría una rivalidad respecto al reparto crematístico, que por ahora será de 16,5 millones de euros. Cantidad posiblemente ridícula comparada con los presupuestos anuales de cada uno de los órganos insulares, aunque sería un indudable paliativo para el mantenimiento y mejora, si cabe, de cada parque propio.

Otra tentación muy fácil en la que se podría caer con el mencionado presupuesto sería la de los que aspiran a crear un parque nacional similar (en categoría no en calidad de paisaje) a los ya existentes. Y nada impediría que estos se llevaran finalmente el gato al agua, como en muchas otras ocasiones, dejando a los existentes a dos velas y sin presupuesto transferido.

Dicho lo cual, entiendo la consiguiente réplica de Ricardo Melchior respecto a la demanda de gestión directa de nuestro parque de las Cañadas del Teide. Algo que tendrá que consensuarse, siguiendo el inevitable procedimiento, en el foro parlamentario regional y con la participación de los otros presidentes insulares poseedores de parque nacional. Si las cuentas no me fallan, serían cuatro contra tres que no los poseen, aunque El Hierro no lo necesita, pues ya es Reserva Mundial de la Biosfera. Quedarían, por tanto, la segunda y tercera islas mayores en extensión compuestas y sin parque. O lo que es lo mismo, "aleluya, aleluya, cada uno con la suya?".

Bueno sería, cuando se solucione este conflicto que, en nuestro caso, se buscara la fórmula de financiación más sustanciosa, porque no creo que el Estado siga incrementando las partidas económicas (esperemos aún que transfiera la primera). Cinco millones de visitantes anuales a las Cañadas, a un simple euro de canon por turista, supondría una cuantía factible para la conservación de nuestro patrimonio. Cualquiera que haya viajado sabe que en todos los lugares objeto de visita se suele pagar una entrada mucho más onerosa y tal vez con menos contrapartida paisajística. Me consta que existe un borrador de un Plan Maestro de Accesos para las Cañadas que bien podría perfilarse hasta buscar una solución definitiva. Pero eso será la segunda parte del tema aún por resolver. Y si es posible, sin acritud.

jcvmonteverde@hotmail.com