Eran las diez de la mañana del 3 de octubre de 1995 cuando, después de una deliberación de sólo tres horas y frente a una audiencia televisiva de 150 millones de personas, el jurado encargado de dilucidar la implicación de O. J. Simpson en el asesinato de su ex esposa, Nicole Brown, y de un amigo de ésta pronunció un veredicto que pasó de inmediato a la antología de las infamias: "no culpable".
Esa decisión, más increíble por el hecho de que el propio Simpson se había autoinculpado de ambas muertes en los inicios de la investigación, supuso un jarro de agua fría para gran parte de la sociedad norteamericana. Muchos blancos se tomaron la sentencia como una afrenta personal. Un enfado que aumentó con la alborozada celebración del fallo por parte de la comunidad negra. Las controversias sobre este caso, que se mantienen en la actualidad, han servido para evidenciar que la tensión racial sigue vigente en Estados Unidos. "Racismo; esa es la clave", me dijo un norteamericano con el que hablé del asunto una noche en un pub para turistas bobalicones de Figueroa Street, a un palmo de Sunset Boulevard. "Si hubiesen condenado a Simpson, los negros habrían quemado esta ciudad; hubiera ardido Los Ángeles", añadió convencido de sus palabras. No era un miembro del Klan quien se expresaba de esta forma; era un médico afroamericano de 44 años, venido al mundo en uno de los barrios más negros y menesterosos de Nueva Orleans. Sabía de lo que hablaba y estaba hasta los mismísimos de tanta discriminación: la negativa, sufrida por él durante su infancia, y la positiva, aplicada incluso en la actualidad para compensar a la población de color por las tribulaciones que sufrió en un pasado no tan pretérito. Empezando por una Justicia que se había vendado aún más los ojos para no ver la inmensa cantidad de indicios, incluidas irrefutables pruebas científicas de ADN, que señalaban al ex futbolista como más que probable homicida. Sobra añadir que tras esa sentencia, aquel médico, llamado Nelson, creyó muchísimo más en la imparcialidad de la Justicia; yo también.
Salvando distancias espaciales, temporales y de contenido -nunca puede ser lo mismo un Estatuto de Autonomía que un homicidio-, me pregunto qué arderá, o qué no arderá, en Cataluña y en el resto de España si al final la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el "Estatut" no es la adecuada; es decir, no se ajusta a la línea del editorial publicado conjuntamente por una docena de periódicos catalanes. Quizá la opinión más reflexiva de cuantas he oído y leído sea la de Paulino Rivero. El presidente del Gobierno de Canarias espera que "las instituciones del Estado no tomen decisiones en función de la presión que pueden sufrir de un determinado territorio o de determinados espacios territoriales", pues piensa que "los órganos y las altas instituciones del Estado deben funcionar de acuerdo con el Estado de Derecho, respetando la Constitución y nuestras leyes, nunca mediante la presión". ¿Cuántas veces se dijo lo mismo durante los ocho meses que duró el mediatizado juicio de O. J. Simpson? No obstante, en los Estados Unidos de 1995 la prensa nunca dejó de ser el cuarto poder. ¿Se ha convertido la prensa española, o más precisamente una parte de ella, en el tercero, en el segundo o incluso en el primero?
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