Lo público y lo privado en la gestión del empleo

HACE VEINTE años que cayó el muro de Berlín. Algunos parecen lamentar que con él la historia se haya llevado la fácil vida de quienes renunciaron a pensar y su ejercicio intelectual quedaba reducido a retener las proclamas y los lemas que lanzaban a las ondas los oráculos de la izquierda. Siguen renunciando a pensar e instalados en la fácil demagogia público-privado como único instrumento de análisis social y económico.

Viene lo anterior a cuento de declaraciones recientes de los máximos responsables en Canarias de Comisiones Obreras en las que señalan como "punto negro" de la gestión del Servicio Canario de Empleo (SCE) la, a su juicio, creciente "externalización" de sus servicios a favor de la Fundación Canaria del Trabajo (FUNCATRA), siguiendo con ello la tónica de anteriores campañas sindicales en las que se denunciaba una supuesta "privatización" del SCE.

Expliquemos algunas cosas para que el lector tenga todos los elementos de juicio. En primer lugar, el carácter público del SCE no es discutible, toda vez que Convenios de la Organización Internacional del Trabajo firmados por España nos obligan a mantener un servicio público y gratuito de empleo cuya función esencial es lograr la mejor organización posible del mercado del empleo, como parte integrante del programa nacional destinado a mantener y garantizar el sistema del empleo para todos y a desarrollar y utilizar los recursos de la producción.

El SCE está llamado a ser el instrumento básico de ordenación e impulso de las políticas activas de empleo en nuestra Comunidad Autónoma, y es un organismo que ha venido cumpliendo sus fines. Y los ha cumplido a través de un modelo organizativo en el que el SCE ha integrado una red de entes colaboradores con los que presta los servicios que le son propios, incorporando a otros agentes públicos y privados. Un modelo que tiene amparo legal en el artículo 3.3 de la Ley 12/2003: "Al objeto de satisfacer el interés público que tiene encomendado, y atendiendo a los principios de participación y eficacia y al criterio de eficiencia, el SCE podrá celebrar acuerdos, pactos, convenios, contratos o utilizar otros instrumentos de colaboración con personas tanto de Derecho público como privado, especialmente con las entidades municipales, para la realización por éstas de actividades comprendidas o relacionadas con sus competencias de intermediación, orientación, formación y empleo. Las entidades colaboradoras del SCE deberán respetar en todo caso en su actuación los principios de igualdad y no discriminación".

Por tanto, cuando desde centrales sindicales se denuncia una supuesta "privatización" del SCE, sencillamente se está ocultando a la ciudadanía información. Lo que no se dice por esos sindicalistas es que el SCE mantiene con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas convenios a través de los cuales ha "externalizado" en las mismas la prestación de más servicios de aquellos en los que colabora FUNCATRA con el SCE -y, por cierto, por un importe económico muy superior-; lo que no se dice por esos sindicatos es que el SCE presta esos servicios de orientación e intermediación también a través de las Fundaciones universitarias, las Cámaras de Comercio, otras organizaciones empresariales, entidades locales, etcétera. ¿Por qué se critica una relación del SCE con FUNCATRA y no se critica esa misma relación cuando se establece entre el SCE y los sindicatos? Deberían explicar esos sindicatos cuál es su importante papel en la prestación de la oferta formativa del SCE, pues la totalidad de la formación para el empleo del SCE está "externalizada" en centros de enseñanza y en organizaciones empresariales y sindicales. ¿Por qué una relación es mala cuando se establece con FUNCATRA, pero pasa a ser buena cuando esa misma relación se establece con los sindicatos?

¿Privatización del SCE? FUNCATRA es una fundación pública, sujeta al Derecho público, en la que son patronos el Gobierno de Canarias y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. ¿Cómo puede hablarse de privatización en una relación entre dos entes públicos? Y, sin embargo, Comisiones Obreras no habla de privatización cuando se establece una relación entre el SCE y ese sindicato. A mayor abundamiento: deberían explicar por qué el SCE, en uso de sus potestades de autoorganización, no puede acudir a la utilización de una fundación pública y, sin embargo, Comisiones Obreras y UGT sí acuden a sus respectivas fundaciones para entablar sus relaciones con el SCE. ¿Por qué el modelo organizativo que es bueno para ellos no lo es para el SCE?

Y la gran pregunta: ¿por qué en lugar de perder y hacernos perder el tiempo en la estéril demagogia público-privado no se vuelcan con nosotros en lograr prestar el mejor servicio a los ciudadanos? Éstos, cuando se acercan a nosotros, no nos preguntan nuestra naturaleza jurídica ni nuestra filiación política o sindical, sino simplemente que les demos respuesta a sus problemas. Y en ello está una sólida estructura de ochocientos empleados públicos complementada con una red que, gestionada por organizaciones empresariales, sindicales, fundaciones privadas, Cámaras de Comercio, ayuntamientos, etcétera, nos ayudan a poder llegar a todos los ciudadanos.

* Director del Servicio Canario de Empleo