NO SÉ si hago bien hablando de funcionarios y de ecologistas en Canarias, habida cuenta de que en esta región uno de cada cuatro habitantes cobra un sueldo a cargo del erario, ya sea como funcionario, empleado de una empresa pública o en puesto similar. Una osadía en la que no incurro tan alegremente como lo ha hecho el vicepresidente del Gobierno autonómico, José Manuel Soria; un cargo público que debe ser cesado fulminantemente según CC.OO. Pensé que a estas alturas, de pedir el cese de alguien, empezarían los sindicatos por Rodríguez Zapatero. No en vano el presidente del Gobierno central ha inducido una política económica que ha puesto en las colas del desempleo a uno de cada cinco españoles, así como a 30 de cada 100 canarios. Ocurre, empero, que Soria, Paulino Rivero y otros políticos que no cabalgan junto a la progresía andante tienen muchos enemigos por estas latitudes; los suficientes para decir que la situación económica de las Islas es peor que la del resto de España porque aquí mandan CC y el PP. Una tesis que hace aguas por los cuatro costados. Debido a su dependencia del turismo, y a que los principales países emisores de los turistas que visitan el Archipiélago ya están recuperándose, la economía canaria podría comenzar a enderezarse a lo largo de 2010. No será así porque nos influyen los malos datos en el ámbito nacional. Eso lo sabe cualquiera que se ponga a echar cuentas. Lo sabe también esa izquierda recalcitrante liderada aquí por López Aguilar y su adlátere Santiago Pérez, pero tanto ellos como sus acólitos se cuidan mucho de reconocerlo en público.
Lo único que ha dicho Soria, y por extensión el Gobierno de Canarias, es que resulta inadmisible un elevado absentismo laboral en la función pública. No es normal que 8.500 personas dejen de acudir cada día a su puesto de trabajo. Ni normal, ni soportable; no sólo por el quebranto que supone para las arcas públicas, sino porque los demás funcionarios deben repartirse las cargas laborales de los ausentes. Parece, empero, que esto no lo comprenden ni los sindicatos, ni el propio López Aguilar, que en sus habituales declaraciones del fin de semana también ha arremetido contra el vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias por el mismo motivo. Y todo ello pese a que Soria no ha hablado de reformas laborales. Esas reformas que según declaraba ayer mismo el presidente del BCE, Jean Claude Trichet, "no se pueden ni evitar, ni posponer".
Quedan los ecologistas del oportunismo. Trescientos millones de euros le cuesta a Canarias el hecho de no disponer todavía del gas natural como combustible supletorio, en parte, del petróleo. Así lo ha dicho Gustavo Marrero, profesor del departamento de Análisis Económico de la Universidad de La Laguna. Me imagino cómo lo deben estar poniendo a estas horas en esos foros digitales por los que tanto navegan a diario una miríada de gandules crónicos, siempre pendientes de todo menos de su propio trabajo. Lo malo -quizá lo trágico- es que 300 millones de euros no son 300 millones de pesetas; son mucho más dinero. Tanto, como el que va a dejar de ingresar la Hacienda canaria en 2010 debido a la caída de la actividad económica. Demasiado dinero para que unos insensatos sigan empeñados en ganar una batallita política a cuenta de un puerto y un polígono industrial.
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