EL DÍA, S/C de Tenerife
Miembros de la Policía Nacional desmantelaron una organización dedicada a cometer fraudes relacionados con la actividad de apartamentos de tiempo compartido en Tenerife y Málaga. Los investigadores detuvieron a un total de 22 personas que engañaban a propietarios de ese tipo de alojamientos, ya que no sólo les hacían creer que les iban a comprar sus derechos de uso de los inmuebles, sino que también los estafaban al hacerse pasar por abogados o notarios que supuestamente iban a recuperar el dinero perdido en el primer momento.
Los arrestados están acusados de los delitos de falsificación y estafa cometidos en el ámbito de la gestión fraudulenta de derechos de aprovechamiento por turno de los apartamentos.
Los estafadores contactaban con los perjudicados para comunicarles que había compradores interesados en sus derechos de uso. Pero una vez que los delincuentes cobraban los gastos por los trámites de la compraventa, tanto los compradores como los intermediarios desaparecían con el dinero empleado por las víctimas en el proceso.
Además, otros miembros del grupo engañaban nuevamente a esos mismos afectados al fingir ser abogados que simulaban litigar con las empresas que los habían defraudado anteriormente.
El Grupo de Fraudes Financieros de la Unidad de Delitos Económicos Central de Madrid inició la investigación después de recibir por parte del Consejo General del Notariado diferentes comunicaciones en las que se le informaba de varias actuaciones fraudulentas.
En los documentos se reflejaba que esta actividad ilícita era llevada a cabo por personas desconocidas que usurpaban el nombre de notarías españolas.
Las primeras pesquisas realizadas culminaron en un operativo que permitió detener el pasado mes de junio a siete personas vinculadas con esta actividad ilícita.
La abundante información obtenida entonces permitió identificar a nuevos miembros de la organización y tener acceso a otras cuentas bancarias receptoras de fondos procedentes de la estafa.
También se determinó la existencia de ramificaciones de la banda en la Costa del Sol.
La organización internacional se dedicaba a la utilización de listados o bases de datos de titulares de derechos de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles, actividad conocida como multipropiedad o "time-sharing", con fines defraudatorios. Los listados eran generalmente sustraídos por empleados desleales de las compañías dedicadas a la explotación de este tipo de productos.
La segunda parte de la estafa, en la que les hacían creer a las víctimas que iban a recuperar el dinero, se perpetraba en la Costa del Sol.
Los agentes realizaron 11 registros domiciliarios, donde se intervino documentación bancaria, listados de dueños de apartamentos de multipropiedad, equipos informáticos, dispositivos portátiles de almacenamiento de datos, instrucciones para mantener conversaciones con potenciales víctimas, munición del calibre 22, unos grilletes, una pistola de aire comprimido, un arma de descarga eléctrica y más de 30.000 euros en efectivo.
El servicio fue desarrollado por el Grupo II de Fraudes Financieros de Madrid, la Comisaría General de Policía Judicial, los Grupos de Crimen Organizado de la Comisaría Provincial y del Sur de Tenerife, así como el equipo de Fraudes de la Brigada de Málaga.
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