Un inspector del Gobierno investigará las bajas médicas de los funcionarios

EL PLENO DE LOS LLANOS adoptó el acuerdo en su última sesión, con los votos a favor del grupo de gobierno./ m.ch.

M.CH., Los Llanos

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane se ha convertido en la primera Administración local de La Palma en suscribir un convenio especial con el departamento de Inspección General de Servicios, dependiente de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, para poder controlar, investigar e inspeccionar las bajas sanitarias solicitadas por sus funcionarios. El Pleno llanense aprobó el acuerdo con los votos a favor del grupo de gobierno (CC-PP) y en contra de la oposición, PSC y CCN.

La iniciativa surge para controlar la proliferación de bajas en la Administración, lo que ha obligado al Gobierno local a adoptar medidas de control, al entender que muchas podrían ser fraudulentas. En el mes de julio, la Alcaldía hizo pública su intención de suscribir el convenio tras certificar la acumulación de expedientes ILT (Incapacidad Laboral Transitoria) en la Policía Local, en donde se detectaron en una sola semana cinco bajas médicas "bajo circunstancias anormales" que pudieran estar influenciadas por un conflicto laboral que se mantenía entre los agentes en la Administración.

En cualquier caso, la inspección de bajas médicas se hará extensiva a toda la plantilla del consistorio, con unos 260 empleados públicos, entre funcionarios, laborales y personal de convenios y talleres. Tras aprobarse en el pleno, una vez entre en vigor el acuerdo, aquellos trabajadores municipales que presenten una ILT serán sometidos a un procedimiento de control, mediante reconocimiento médico, y una investigación realizada por un inspector del Gobierno canario.

Juan Ramón Rodríguez Marín explicó que "el grupo de gobierno entiende que las circunstancias en las que se producen las bajas forman parte del secreto profesional existente entre médico y paciente, pero, ante las sospechas de que en algunos expedientes puedan ser un fraude, no nos queda más remedio que actuar para salvaguardar la imagen de esta Administración".

Al respecto, añadió el alcalde, "respetando a las personas que puedan tener algún tipo de patología que las obligue a estar realmente sin acudir a su puesto de trabajo, el grupo de gobierno intenta detectar cualquier tipo de baja irregular. Se trata de evitar que el resto de trabajadores sufran una sobrecarga de trabajo provocada por la ausencia de otras personas, además de la correspondiente merma en el presupuesto municipal".

Las intervenciones, concretó Marín, "se limitarán a aquellos momentos en los que se sospeche de un posible fraude. Será entonces cuando un inspector de la Comunidad autónoma se desplace a la Isla (con un coste de unos 600 euros, entre desplazamiento y dietas) para certificar, con la ayuda médica correspondiente, que el expediente es veraz. Para ello, se podrá personar incluso en el domicilio del afectado".