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AGENCIAS, Nueva York
Barack Obama prepara su ofensiva final para presentar en las próximas semanas ante el Congreso su plan para el cierre de la prisión de Guantánamo, recuperándose de esta forma del revés sufrido esta semana tras reconocer explícitamente por primera vez que su objetivo previsto para clausurar el centro penitenciario el próximo 22 de enero no podrá ser cumplido.
"En las próximas semanas anticipamos que alcanzaremos una resolución en estos temas", declaró al magacín Time un alto funcionario de la Casa Blanca bajo el anonimato, en referencia a los 205 detenidos que siguen en prisión, un "buen número" de los cuales podrían ser realojados antes de finales de año.
A estas alturas, Obama se ha quedado sin margen de acción y es muy posible que su plan definitivo contenga medidas que enfurecerán no sólo a ambos partidos, sino a las diversas organizaciones pro Derechos Humanos que durante largo tiempo han abogado por el cierre de las instalaciones.
Para empezar, el nuevo plan contemplaría la detención indefinida para 90 de los encarcelados, en contra de las peticiones de estas ONG. Se podría llegar a liberar hasta un centenar de yemeníes presuntamente asociados a la red terrorista Al Qaeda, para desgracia de los conservadores. Y podría mantener la existencia de tribunales militares, con todas las críticas que pudiera recibir por parte de los propios demócratas.
Detención indefinida
La maniobra de la "detención indefinida" fue sin lugar a dudas el aspecto más criticado de la política del predecesor de Obama, George W. Bush. Obama se opuso a este principio durante la carrera electoral. Sin embargo, con el paso del tiempo, ha acabado aceptándola como un mal necesario mientras su administración afronta la titánica tarea de redefinir el limbo de la legalidad estadounidense en el que "no existen".
Analistas consultados por el Gobierno llevan meses intentando reconciliar la oposición ideológica del presidente Obama a la detención indefinida con la necesidad de la misma para llevar a cabo su idea de cerrar la prisión. Unos 90 detenidos están amenazados por esta medida: una treintena de ellos se encuentran bajo la llamada "ley de detención de guerra"; otros 60 más podrían caer dentro de esta categoría. Queda además por resolver la situación de un centenar de prisioneros yemeníes que presuntamente están asociados con la red terrorista Al Qaeda a pesar de que las evidencias en su contra son muy dudosas. "Estamos repasando opciones con los yemeníes", declaró un miembro de la Casa Blanca.
Se espera que la mayoría de ellos sean trasladados a un centro en Thomson (Illinois), donde una mayoría ajustada de la población (52%) está a favor del traslado de los prisioneros, según una encuesta divulgada por el Chicago Sun-Times, pero también expresa sus dudas sobre el estatus legal bajo el que se encuentran los detenidos. Algunos de los detenidos serán repatriados para que se les juzgue en sus respectivos países, y otros serán transferidos a terceros países, la mayoría de ellos europeos, para que se les juzgue o sean puestos en libertad vigilada. Una vez solucionada esta cuestión, la Administración anunciará nuevos juicios en tribunales federales -como los planeados para los supuestos conspiradores del 11-S, y que tendrán lugar en Nueva York- y la creación de comisiones militares adicionales para juzgar al resto, unos tribunales estos últimos que Obama ha llegado a aceptar, muy a su pesar.
El motivo lo expone un residente anónimo de Highland Park, donde se encuentra la cárcel de Thomson. "Si a estos prisioneros no se les leyeron sus derechos cuando fueron detenidos por el Ejército, cuando lleguen a un tribunal civil sus confesiones no van a servir absolutamente de nada", explicó al Chicago Sun-Times. "Comporta un tremendo riesgo político para la administración si la jugada les sale mal", añadió la misma fuente.
"Sí que tiene un componente positivo", agregó otro de los consultados, "porque de alguna forma su caso se vuelve mundano: dejan de ser mártires heroicos para convertirse en unos asesinos cualquiera". En mayo, Obama destacó la necesidad de seguir contando con los tribunales militares, siempre y cuando sean modificados convenientemente para salvaguardar en la medida de lo posible los derechos de los detenidos, pero es un proceso muy lento y provoca enorme animadversión en el estamento militar.
Con todo, al presidente no le quedó más remedio que reconocer que "son un escenario apropiado para juzgar a aquellos detenidos bajo las leyes de la guerra, porque las pruebas recogidas en el campo de batalla no siempre pueden ser presentadas eficazmente en un tribunal federal", señaló Obama.
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