El Gobierno canario y el absentismo

MUCHAS serán las ventajas que supondrá para estas Islas la consecución de su independencia. Tendremos leyes hechas por los canarios y para los canarios, en vez de regirnos por normas que nos imponen los peninsulares de la Metrópoli; es decir, personas que no nos comprenden y que tampoco nos aprecian.

Un aspecto que resulta muy urgente cambiar es la legislación laboral que protege a los trabajadores vagos. Nos referimos a personas que simulan bajas por enfermedades inexistentes con la complicidad de los facultativos. No estamos en contra de que sean atendidos debidamente quienes así lo precisen, pero nos cuesta creer que más de 8.500 empleados públicos dejen de acudir diariamente a sus respectivos puestos en Canarias debido a bajas médicas. Esto es impensable salvo que estemos en una situación de epidemia, y la gripe A, que sepamos, afortunadamente todavía no ha llegado a tanto. En consecuencia, debemos pensar que muchas de esas bajas son fingidas. De ahí nuestro apoyo a la campaña iniciada por el Gobierno de Canarias para solucionar este problema, calificado de lacra por el propio Ejecutivo autonómico.

Como país independiente, Canarias tendrá una legislación especial para los médicos que confirman y reconfirman algunas situaciones de baja de trabajadores no impedidos realmente para acudir a sus ocupaciones laborales. Se da el caso de que muchas personas de baja por enfermedad simultanean ésta con otras haciendo cáncamos. Hemos conocido incluso un caso de absentismo en el que el afectado trabajaba con toga en los juzgados. Una vergüenza y una sangría para los empresarios que son, lo repetimos un día más, quienes crean empleo. Por eso nos ponemos de parte del Gobierno, de su presidente y de su vicepresidente y consejero de Economía. Tan sólo nos permitimos apuntarle a Paulino Rivero y José Manuel Soria que esa lacra a la que ellos se refieren acertadamente no sólo existe en la función pública. También se da en las empresas privadas. No nos cabe en la cabeza que nadie haya hecho nada aún para evitar que se siga dilapidando el dinero público. Esta situación no se consentiría en ningún país civilizado, ni europeo ni norteamericano.

Lo que está pasando en Canarias sólo ocurre en el tercer mundo. En los países desarrollados, insistimos, tales fraudes son motivo de despido fulminante. Hay que atajar a los médicos que, conscientes de que no existe un motivo objetivo que las justifique, firman bajas alegremente porque no son ellos quienes las pagan de su bolsillo. Las pagan los empresarios; los que, como decimos, crean empleo y pese a ello sufren los ataques del Gobierno socialista de Zapatero y de los sindicatos. Los sindicatos, lo repetimos un día más porque es así, se han convertido en residencias de vagos donde los liberados chupan la teta de sus empresas sin dar golpe. Una de las causas más socorridas por quienes estafan a sus patronos es la baja por depresión. Con una baja de este tipo se puede estar en la playa, paseando por la calle y hasta viajando.

No podemos consentir que este gigantesco fraude lo esté pagando la Seguridad Social -a la que contribuyen tanto los propios trabajadores como los empresarios- y los ciudadanos en general con sus impuestos. Quienes no pagan nada son los sindicatos que toleran este estado de cosas y, en consecuencia, son cómplices de lo que está ocurriendo.