La permanencia de la Refinería de Cepsa en la capital ha sido una de las eternas incógnitas. En la aprobación inicial, el PGO se atrevió a poner "fecha de caducidad": 12 años. En la antesala de la aprobación definitiva del plan, prevista para diciembre o enero, la concejala de Urbanismo dice que la Refinería está sometida a "un plazo de voluntad de planeamiento general". En castellano: La administración competente para decidir cuándo o dónde tiene cerrar no es el ayuntamiento, sino el Gobierno de Canarias en colaboración del Cabildo, pues existe un plan territorial supramunicipal", como corrigiera la Cotmac. En esta línea, el líder del PP de Santa Cruz, Ángel Llanos, se congratulaba ayer de la redacción final de la ficha que regula el futuro urbanístico de la Refinería y que dice así: "La reconversión total o parcial del actual uso industrial (de producción o industria pesada) por otros usos y actividades más adecuados y compatibles con el entorno urbano y con la posición que ocupa el área en la ciudad, sólo será posible si así lo determina el instrumento de ordenación territorial o sectorial correspondiente, y en los plazos y condiciones que éste establezca".
