Una "pequeña" ley de gran ciudad

JOSÉ D. MÉNDEZ, Tenerife

"Se han perdido estos años por falta de voluntad política", "languidece poco a poco" o "esto no era lo que se pretendía". Son opiniones de hace sólo unos días en referencia a la Ley 57/2003 de 16 de diciembre sobre Medidas para la Modernización del Gobierno Local o Ley de Grandes Ciudades, según su versión popular. Quienes lo afirman no son cualquiera, sino dos de los "padres" de su implantación en el municipio de Santa Cruz, los ex concejales Guillermo Núñez (CC) y Francisco Tovar (PSC), así como el que fuera vocal del tagoror desde su condición de líder vecinal en el barrio de El Sobradillo, Juan Daniel Marrero.

La Ley de Grandes Ciudades se planteó como una iniciativa para reconocer las diferencias que existían entre los municipios españoles. A nivel local, el ejemplo es claro: no es lo mismo El Sauzal que Santa Cruz de Tenerife por razones obvias. La ley plantea tres grandes innovaciones de partida: en primer lugar, la reestructuración del gobierno municipal y la reformulación de los principales órganos municipales; en segundo término, la desconcentración del ejercicio del poder municipal y, por último, la función propositiva y de control en el pleno y en órganos nuevos como la Comisión de Control o la de Sugerencias y Reclamaciones.

La idea era dotarse de instrumentos para un funcionamiento eficaz de la administración pública y reforzar los mecanismos de control.

Francisco Tovar recuerda los momentos iniciales del proceso: "En la primera mitad de mandato nos tocó el desarrollo. Hicimos un reglamento generoso en cuanto al funcionamiento de las comisiones e, incluso, permitiría la presencia de los portavoces de la oposición en las sesiones de la Junta de Gobierno. Intentamos desarrollar el Estatuto del concejal y creo que, en general, el marco teórico era bastante bueno".

El pleno es el órgano deliberante de los temas centrales de la ciudad como serían, entre otros, la aprobación del presupuesto, el Plan General, las Ordenanzas Fiscales o el debate sobre el estado del municipio. El alcalde, que tendría el título de excelencia, "y no es baladí", según explica uno de los expertos consultados por EL DÍA, sería la representación institucional de la ciudad, por encima de divergencias políticas. Incluso no necesariamente tendría que ostentar la presidencia del pleno. Ejemplos podrían ser Alberto Ruiz Gallardón en Madrid o Francisco Vázquez en La Coruña.

Para culminar el organigrama de los órganos principales, la Junta de Gobierno Local tiene responsabilidad de todos los asuntos del gobierno ordinario, es un Ejecutivo. Por ejemplo, es competente en asuntos como la rescisión de los contratos de alquiler como los de los locales del Parque Bulevar. Otra cosa, señaló Guillermo Núñez "es que el pleno no decida. Es soberano y la Junta de Gobierno tiene que acatar y actuar".

Si el gobierno ordinario lo lleva a cabo la Junta de Gobierno, la fiscalización de su labor corresponde a la Comisión de Control que en el caso de Santa Cruz no se ha desarrollado tras sus titubeantes inicios en el mandato 2003-2007. Sería como en el Congreso de los Diputados la sesión de los miércoles. Para Guillermo Núñez, "es necesario para su buen funcionamiento el rigor y la lealtad institucional con menos política porque puede degenerar su sentido".

En cuanto al Consejo Social, que preside Pedro Doblado Claveríe, el hecho de no haber sido convocado desde el mandato anterior demuestra, según Núñez, "que Santa Cruz no tiene conciencia de ciudad. La sociedad civil es muy débil porque este órgano obligatorio reúne a ciudadanos que por distintas circunstancias como la edad están por encima del legítimo juego político. Debaten y asesoran sobre los grandes temas".

El Tribunal Económico-Administrativo es, en palabras de Núñez, "uno de los grandes desconocidos, por desgracia, por el vecino. Cualquier ciudadano puede acudir a él para asuntos tributarios de manera gratuita, y eso hay que recalcarlo, y sin necesidad de tener abogado, si no está de acuerdo con el pago de algún impuesto. Es una injusticia que la asistencia legal le cueste al ciudadano más que la tasa a pagar y ahí está el origen del espíritu de esta institución". Son juristas independientes que resuelven los casos planteados por los vecinos. En Santa Cruz lo componen Marta González Santacruz como presidenta; los vocales Mario García Martín y Juan Romero Pi, y en funciones de secretario, Manuel Zayas López.

La Comisión de Sugerencias y Reclamaciones es el lugar donde se recogen las quejas del vecino y su presidencia la debe ocupar siempre la oposición. Núñez afirma que "no se puede ni debe convertir en un mero registro de entrada, que, por otra parte, ya existe. Su primera presidenta Inés Domínguez, del PSC, hizo una gran labor con pocos medios y el actual, Guillermo Guigou, creo que lo puede hacer muy bien porque conoce a fondo los asuntos sociales. Hay que dotarla de recursos humanos y materiales pero, sobre todo, que la conozcan los ciudadanos, a través de campañas informativas y publicitarias. Que sepan que existe es algo fundamental".

Por último, entre los órganos más importantes de la ley, estarían los distritos, de los que Santa Cruz tiene cinco (Anaga, Centro, Salud-La Salle, Ofra-Costa Sur y Suroeste) y los llamados tagorores o en otros sitios Juntas de distrito. Para Guillermo Núñez "si se convierten en meras reproducciones de la Comisión de Control o del Pleno, como está ocurriendo ahora, no sirven absolutamente para nada. Su sentido es fomentar la participación ciudadana con mayúsculas, no ir a refrenda las mayorías o minorías políticas en el pleno municipal. No es tanto falta de presupuesto, que también, como incentivar de verdad la participación. Si hay iniciativas ciudadanas, el concejal de distrito debe impulsarlas para que salgan adelante vengan de donde vengan. Es verdad que el ejemplo de las dos o tres iniciativas populares solevadas al Parlamento avaladas por miles de firmas no es bueno porque se han tirado a la papelea sin ni siquiera debatirlas. Hace falta fortalecer la cultura democrática a nivel vecinal y tal vez empezar a cuestionar la representatividad real de algunos colectivos y dirigentes vecinales presentes.

Juan Daniel Marrero, que fuera vocal en el Suroeste, da una opinión fundamentada: "Si no dejan participar y, sobre todo, decidir, no sirven de nada. Mi experiencia fue hablar mucho y que no me tuvieran en cuenta. Para qué vale el tagoror, donde se reproduce el pleno porque sus miembros son elegidos por los partidos políticos, si todo se reduce a trasladar a otras concejalías. Para eso me lo ahorro y voy directamente al concejal sin tener que duplicar personal y esfuerzos. Se les llena la boca con desconcentrar y descentralizar, pero luego no lo llevan a la práctica y todo se pierde en la burocracia. Propuse el proyecto de ir a los barrios, uno por uno, hacer asambleas y que los vecinos decidieran qué problemas había que solucionar para ir priorizándolos, Pero no me hicieron caso. Como siempre".

Varios años después de su implantación y desarrollo en Santa Cruz de Tenerife, la Ley de Grandes Ciudades parece aletargada y sumida en un mar de burocracia, todo lo contrario del motivo real de su nacimiento. La herramienta teórica está y parece que es buena, pero hay que llevarla a la práctica.