La huelga de funcionarios o el problema ideológico de Soria

CARLOS ACOSTA, S/C de Tfe.

Que un sindicato culpe al Gobierno de falta de disposición al diálogo no es una novedad, pero sí sorprende que Comisiones Obreras (CCOO) estime que, en la actualidad, los trabajadores públicos que podrían ir a una huelga no la respaldarían y se declare preocupado ante la posibilidad de que sea el propio Ejecutivo, y no sus reivindicaciones, lo que provoque una medida extrema de ese tipo.

En gran medida, explica el secretario general de CCOO de Canarias, Juan Jesús Arteaga, el problema es la ideología conservadora y liberal del vicepresidente y consejero autonómico de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, que impone por encima del diálogo social que debería mantener la Administración regional con los agentes económicos y, por supuesto, los sociales. "Son ideas como hay que meter a los sindicatos en vereda, acabar con sus subvenciones o restar importancia a su papel en la sociedad".

La conveniencia de convocar ya mismo una huelga de funcionarios sólo es defendida entre las cuatro principales organizaciones sindicales con representación en la Administración general; por Intersindical Canaria (IC) a través del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Canaria (STEC-IC), que alega el recorte presupuestario previsto para el próximo año referido a las sustituciones de los profesores, ya que de una partida de unos 34 millones de euros en este ejercicio, caerá a unos siete millones en 2010, lo que supone una reducción de cerca del 80%.

En la Mesa General de Empleados Públicos, el máximo órgano de negociación de esta área, también están la Unión General de Trabajadores (UGT) y el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca). Los cuatro han venido manteniendo numerosas reuniones en los últimos días para tratar de concertar una postura única en relación a la huelga y otras acciones que prevén realizar en las próximas semanas.

Todos están de acuerdo en que el Ejecutivo debe rectificar los presupuestos y en la conveniencia de presionarlo con movilizaciones y concentraciones mientras siguen las negociaciones con el Gobierno y los grupos parlamentarios para lograr enmiendas que mejoren las cuentas al personal en 2010, pero difieren en relación a la huelga. Sólo IC cree que las condiciones actuales justifican ya su convocatoria, mientras que el resto apuesta por agotar las vías del diálogo.

Hasta la fecha, sólo los sindicatos minoritarios agrupados en la Plataforma Sindical Unitaria han formalizado la decisión de convocar la huelga, de carácter general, si el Ejecutivo no retira el proyecto de las cuentas regionales para 2010 y lo rectifica.

Las sindicatos demandan que la subida salarial del 0,3% impuesta en la futura ley presupuestaria "sin que mediara negociación alguna" con los agentes sociales incluya no sólo la parte fija del sueldo, como está contemplado, sino también la variable, además de que quieren saber qué pasará con los planes de pensiones, a los que el Ejecutivo no hará aportaciones en 2010. "Forman parte del salario de los funcionarios", alerta Arteaga. También las ayudas de acción social, destinadas a los jubilados y los hijos de los trabajadores, que disminuirán el próximo año.

Todo esto suma una cadena de "recortes y amenazas" que, en opinión de Arteaga, "no combatirán el absentismo, que es cierto que es demasiado alto, si bien los trabajadores no se oponen a explorar vías para combatir la picaresca".

Pero las negociaciones nunca se produjeron y el Gobierno optó, según CCOO, por imponer sus propias soluciones al gasto de personal, el absentismo y la contención salarial a través de los futuros Presupuestos Generales.

Efecto rebote

"Al proceder así, el Ejecutivo crea un efecto rebote que agrava la situación con los trabajadores públicos por la vía del miedo y crea un caldo de cultivo adecuado para que haya una huelga, de funcionarios o general", teme CCOO.

Y esto a pesar de que Arteaga cree que "no se puede hablar ahora de una huelga general con una participación masiva", porque no percibe que la mayor parte del funcionariado esté "movilizado" para apoyar una medida de este tipo. Y es que "no todos están en la misma situación: lo peor lo enfrentan los interinos y los sustitutos", aclara.

"Hay que pensar bien el asunto, porque convocarla será fácil, pero si no hay un seguimiento importante se convertirá en pólvora mojada". El plazo para decidir qué hacer se acerca: el 1 de diciembre, última fecha para que los grupos propongan enmiendas al proyecto presupuestario.

Sobre este asunto, el secretario general del PSC, Juan Fernando López Aguilar, invitó ayer a los sindicatos de la Función Pública canaria a "defender con uñas y dientes su honor, autoestima y credibilidad" frente a las agresiones del vicepresidente regional, José Manuel Soria.