El equipo de valoración y seguimiento de la Ley de Dependencia en Canarias, creado hace dos años y medio, tiene que trabajar en una "situación caótica", en un inmueble situado en el antiguo Sovhispan, en Santa Cruz, "que no reúne condiciones y esta es una de las razones por las que se retrasa la resolución de los expedientes de los usuarios", según denuncian los trabajadores.
"El retraso en la valoración de los casos de dependientes canarios es de más de un año", aseguró a EL DÍA el presidente del Comité de Empresa tinerfeño de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario, Roberto González, quien indicó que, en estos momentos, los 16.300 expedientes presentados por los usuarios "están desparramados y dispersos, repartidos entre cajas de cartón, mesas, sillas y altos de los armarios".
En su opinión, "así no se puede trabajar, porque es muy difícil encontrar los expedientes". Dijo que, incluso, algunas carpetas se encuentran en otras dependencias y alega que ésta es una de las razones "del retraso real de las valoraciones", que, según González, "se podía haber evitado".
González manifestó que el secretario general técnico de la citada consejería "nos ha prometido unas oficinas en la planta baja del edificio Mabel, pero todavía no se ha fijado el traslado".
La culpa, de la Jefatura
Además, culpó de todo el caos a la Jefatura del servicio. Precisó que han sido tres las jefas de servicio nombradas, más otras dos que han desempeñado su cargo en funciones, "pero ninguna ha perseverado en su puesto", afirmó.
A todo esto se une que los trabajadores han estado seis meses sin la jefa de valoración de dependencia. Según Roberto González, "la Consejería contrató al equipo para la dependencia en fraude de ley, para realizar trabajos de obras y servicios que sólo pueden durar seis meses y, en la práctica, ya van para dos años", explicó.
Se trata de un jefe, una coordinadora, siete auxiliares administrativos, 32 valoradores y seis componentes del equipo técnico: dos trabajadores sociales, dos psicólogos y dos médicos. González indicó que todos ellos han denunciado sus contratos y señaló que los juicios han comenzado la pasada semana.
"Como la consejería allana la ley en todos los casos, convierte a todas estas personas en trabajadores indefinidos", precisó el presidente del Comité de Empresa.
Además, indicó que el equipo técnico se ha quedado reducido, "porque un trabajador social está de baja médica desde hace meses y uno de los médicos se reincorporó al Servicio Canario de Salud (SCS)", matizó.
Respecto al equipo de valoración, formado por 32 personas, indicó que 13 desempeñan funciones que no son propias de su puesto, "debido a que dos están en subvenciones, uno en información, ocho determinando qué informes tienen derecho a las prestaciones -trabajo que se realiza después de haber terminado la valoración-, uno en la coordinación del trámite de consulta y uno en la coordinación de valoradoras, que, precisamente es la titular de la valoración de El Hierro".
Estas son algunas razones que explican el retraso en la aplicación de la Ley de Dependencia en Canarias, aseguró González. "El retraso real supera el año", dijo González, quien manifestó que la ley establece plazos cerrados para que los beneficiarios perciban su ayuda.
Según la ley, en el año 2007 debían estar recibiendo su ayuda los dependientes del grado 3 (grandes dependientes) y, en Canarias, "todavía quedan personas de este tipo sin su ayuda".
731 fallecidos
Desde 2007, la Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario ha recibido más de 16.300 solicitudes, de las que se han valorado 6.800 -el 41,7% del total- y se han resuelto positivamente dos mil.
Cabe destacar que del total de solicitudes, 731 pertenecen a personas que han fallecido y, de ellas, 47 tienen derecho a recibir la prestación económica por el tiempo que va desde la resolución hasta el momento de su muerte. El resto se han quedado sin derechos y ya están presentando reclamaciones judiciales. El Colegio de Abogados de Las Palmas tiene abogados de oficio para estas reclamaciones.
Fuentes de la Consejería de Bienestar Social atribuyeron el retraso al elevado número de solicitudes recibidas -muchas de ellas sin derecho, pero que se deben tramitar-, así como a la demora de otras administraciones que están implicadas en la resolución y valoración de los expedientes, como ocurre, por ejemplo, con el catastro.