El Pleno del Consejo Canario de Colegios de Abogados, celebrado este viernes en la isla de Lanzarote, ha exigido al Gobierno de Canarias "de forma inmediata" el pago del segundo trimestre del turno de oficio y asistencia jurídica gratuita a cada uno de los colegiados de la Comunidad Autónoma, y ha manifestado su "total disconformidad" con el Presupuesto para 2010 destinado a la subvención del turno de oficio, según informó esta entidad en un comunicado.

El Consejo incidió en que la partida destinada al turno de oficio para el próximo ejercicio es "manifiestamente insuficiente" al ser "la misma que en los últimos dos ejercicios presupuestarios", lo que, a su juicio, refleja "una irresponsable falta de previsión del Gobierno de Canarias".

Ante esta realidad, los abogados canarios consideran que la Comunidad Autónoma "no puede pasar por alto que, en el último año, las familias más necesitadas, ante la precariedad de medios y la situación de crisis, han triplicado el número de solicitudes de asistencia jurídica gratuita".

Ya en los últimos meses los cuatro colegios oficiales de abogados de las Islas se han mostrado disconformes con la gestión del turno de oficio que realiza la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias, puesto que según dicen "parece que se olvida de que el Archipiélago es una de las comunidades autónomas con mayor tasa de litigiosidad y que los beneficiarios del servicio de asistencia jurídica gratuita están aumentando considerablemente debido a la crisis económica".

En consecuencia, el Consejo Canario de Colegios de Abogados ha decidido apoyar cuantas medidas adopten sus colegiados si esta situación "no se solventa a la mayor urgencia", tal y como recalcó la presidenta de esta entidad, Milagros Fuentes González.

Esta afirmación vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de una huelga en el turno de oficio, justo después de que el pasado jueves el Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife (Icatf) aprobara en asamblea suspender la convocatoria de una jornada de paro para favorecer el diálogo con la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias.

Según mantienen los responsables de los colegios oficiales, con los fondos previstos para 2010 no se podrán cubrir la demanda que existan en el turno de oficio.

"Primero el Gobierno elaboró un borrador con el que pretendía recortar las minutas que le corresponden a cada letrado que trabaje en el servicio de asistencia jurídica gratuita, luego se retractaron y dijeron que retiraban ese documento y que se partía de cero en la negociación, pero lo que no se entiende es que se pretenda que con el mismo dinero se pueda garantizar el servicio para más gente", explican fuentes de la abogacía.

En cualquier caso, por el momento lo que realmente preocupa a los juristas es que el Gobierno ni siquiera haya abonado los costes correspondientes al primer trimestre.