MIENTRAS la crisis y el paro siguen golpeando a Canarias como no se recuerda en los últimos treinta años, el movimiento ecologista se apresta de nuevo a seguir con acciones que paralicen infraestructuras vitales para nuestro despegue económico.

Ajenos completamente a la situación social de los más desfavorecidos, ajenos a las medidas correctoras del impacto medioambiental introducidas, siguen tratando de demonizar proyectos como el puerto de Granadilla y el desarrollo de su polígono industrial y logístico, los trenes, las centrales de desgasificación, el anillo insular de carreteras o los puertos deportivos, entre otras. Todo lo que puede contribuir a que salgamos de esta deprimente situación es socialmente presentado como un ataque al medio ambiente. Y no es verdad. Lo cierto es que buena parte de esos proyectos van a facilitar enormemente la reducción de CO2 y otros gases contaminantes a la atmósfera, que es el principal reto ecológico al que hoy se enfrentan Canarias y todo el planeta. Pero eso nunca lo dicen y nunca se tiene en cuenta.

Con el paso de los años se ha producido ua curiosa inversión de papeles. Los movimientos ecologistas más radicales son en estos momentos abanderados de un desarrollo insostenible. O mejor: de un bloqueo al desarrollo, de un retroceso que puede provocar en Canarias graves tensiones sociales; porque a quien más castigará a la postre es a todos los que no tienen trabajo y lo buscan. Uno de cada cuatro trabajadores canarios. Y uno de cada dos jóvenes que demanda empleo.

Hoy Canarias contamina mucho más que en el siglo XX, porque no se han introducido acciones que mejoren nuestro rendimiento energético, especialmente en la generación de electricidad, donde los avances europeos de las dos últimas décadas han sido absolutamente ajenos a Canarias.

El puerto de Granadilla es absolutamente necesario. No sólo para revitalizar un polígono industrial y logístico languideciente. También es condición imprescindible para que pueda instalarse la planta de gas natural, una energía no peligrosa y mucho más limpia que los derivados del petroléo, que además permitirá reducir en Canarias en más de 200 millones de euros al año la factura eléctrica. Sólo con los ahorros de un año se amortizaría el puerto. Y sería la primera gran contribución de Canarias al freno del cambio climático, junto a la ampliación prevista de la generación con energías renovables, que nunca puede ir mas allá del 30% del total para garantizar el suministro permanente.

Esos beneficios claros del binomio puerto de Granadilla/central de gas se ocultan permanentemente a la ciudadanía por los ecologistas, empeñados en no hacer un balance global de los costos/beneficios ambientales, sino en fijarse únicamente en la afección a una planta, el sebadal, que no está ni en peligro de extinción ni amenazada siquiera en Canarias. El proyecto del puerto no afecta a ningun espacio natural protegido, los llamados Lugar de Interés Comunitario (LIC), y, por el contrario, crea dos nuevos LICs en Tenerife y Gran Canaria para que en ningún caso se reduzca la extensión del sebadal en nuestro Archipiélago.

Hace veinte años el Parlamento de Canarias frenó el carbón contaminante que queria imponer el Estado y apostó entonces por la producción de energía más barata y ecológica en centrales de ciclo combinado fuel-gas natural. El Estado tardó más de diez años en aceptar ese objetivo. Se consiguieron 50 millones de euros de la UE para hacerlo viable, y que hoy están en peligro. Y diez años después, seguimos absurdamente empantanados por el bloqueo judicial temporal logrado por los ecologistas, en base a una ordenación normativa manifiestamente mejorable.

Terminar con este estado de cosas empieza ya a ser más que una obligación política. Es ya todo un reto para cualquiera que se sienta ciudadanamente comprometido con el futuro de su tierra.

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