Madrid, Europa Press La Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, el avión de la compañía Spanair que se estrelló el 20 de agosto del pasado año en las inmediaciones de Madrid-Barajas, solicitó hoy al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que interceda ante el Gobierno para lograr una ayuda económica que le permita afrontar el "costoso" proceso penal con el que pretenden "esclarecer todo lo sucedido" en el siniestro, en el que fallecieron 154 personas.
Tras la reunión mantenida esta tarde en la sede de la Fiscalía General del Estado en Madrid con Conde-Pumpido, la vocal de la citada asociación Pilar Vera explicó que el colectivo de afectados necesita dinero para afrontar el proceso penal contra los supuestos responsables del accidente ya que, según dijo, las pruebas periciales de la investigación "son muy costosas".
"Le hemos dicho al fiscal general que este proceso va a costar un dineral y que va a salir de las cuotas extraordinarias que vamos a poner los socios, porque también le hemos planteado que este proceso penal se sustenta a base de pruebas periciales que son muy costosas", afirmó Vera, quien subrayó que las víctimas de accidentes aéreos "están desamparadas" y que el sistema de seguridad en los vuelos "tiene que cambiar".
Según Vera, el fiscal general del Estado se ha comprometido a apoyar a la asociación "en todo lo que pueda". "El fiscal nos ha dicho que el procedimiento penal tiene una parte muy limitada, pero también nos ha dicho que nos va a dar todo el apoyo que pueda darnos y que nos va a facilitar una entrevista con el fiscal del caso", agregó.
En la reunión también participaron la presidenta de la asociación, Saleta Nistal; su asesor técnico, Julio Pastor, y una de las supervivientes del accidente, Loreta González. Según González, quien aún arrastra secuelas físicas y perdió a una hija en el siniestro, los afectados "lucharán para que el proceso penal se consuma". "Nosotros queremos saber qué pasó en el accidente, quiénes son los responsables y que esto no se vuelva a repetir, por eso hemos acudido al Ministerio Fiscal, para que nos ampare", dijo.
Hace nueve días, el juez Javier Pérez nombró una comisión pericial independiente después de que la investigación estuviera detenida varios meses ante la dificultad de reunir a profesionales no vinculados al aeropuerto de Barajas. Los dos imputados hasta el momento, que forman parte del equipo de mantenimiento de este aeropuerto, están acusados de 154 delitos de homicidio imprudente y 18 penas de lesiones imprudentes.
La investigación judicial arrancó con los datos aportados por la Comisión de Accidentes e Incidentes de Aviación civil (CIAIAC), dependiente del Ministerio de Fomento, pero las continuas filtraciones a los medios de comunicación hizo necesaria la conformación de una comisión pericial independiente. El informe sobre las causas reveló que el avión no llevaba desplegados los 'flaps', los alerones posteriores que sirven para dar sustentación al aparato.
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