Acusan al gobierno local de dar trato de favor al hijo de un ex edil de CC

D. BARBUZANO, La Laguna

El concejal Javier Abreu desveló ayer, en rueda de prensa, que "a un familiar del ex concejal de Coalición Canaria (CC) del Ayuntamiento de La Laguna Urbano Medina, al poseer una empresa, le fueron encargados a dedo varios servicios por un importe de 388.525 euros. Una cantidad que podría duplicarse antes de fin de año".

Al preguntarle a dicho edil de la oposición de qué familiar se trataba dijo que era un hijo, precisando que "los trabajos encargados al citado miembro de CC se hicieron saltándose todos los procedimientos legales". Lamentó que dicho grupo nacionalista tenga cargos públicos "con familiares que están recibiendo tratos de favor a la hora de contratar obras".

Por ello, pidió al alcalde que convoque un pleno para debatir este asunto y precisó que "no me importaría que CC contratara determinados servicios en caso de extrema necesidad social, pero no vamos a consentir que sigan actuando de esta forma que sólo tiene fines electoralistas".

Abreu manifestó que "sólo queremos trabajar por el pueblo y al estar en la oposición nos ha tocado el papel de fiscalizar al grupo de gobierno. CC tiene la tradición de dar trabajo a amigos para realizar obras millonarias. Uno no sólo debe demostrar que es honrado sino separar la política de la familia. Queremos que las empresas que han prestado servicios al ayuntamiento cobren, pero el que le ha dado trabajo a dedo debe asumir su responsabilidad".

Posible demanda de CC

La concejala de Participación Ciudadana, Cristo Pérez, en relación a las supuestas irregularidades denunciadas por Javier Abreu, ha señalado que "se trata de un nuevo caso ficticio de los que está presentando el grupo socialista últimamente y que ya le ha costado alguna demanda, por lo que no sería raro que le costará alguna más".

Aclaró que "a este grupo de gobierno no le interesa saber los vínculos familiares de los trabajadores de las empresas que contrata ni tampoco sus afinidades políticas, puesto que éste es un derecho constitucional de todo ciudadano".

Cristo Pérez destacó que "lo que sí es obligación del ayuntamiento es velar por que las empresas que se contratan cumplan en las mejores condiciones posibles los servicios para las que se les ha requerido y si el señor Abreu tiene alguna duda de que todo esto sea así, es su obligación denunciarlo donde corresponde, es decir, en los juzgados, en lugar de seguir sembrando dudas, de manera interesada, ante la opinión pública".