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EL DÍA, S/C de Tenerife
La consejera autonómica de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Inés Rojas, señaló ayer que los promotores que decidan convertir sus viviendas libres en protegidas (VPO) ingresarán entre 250 y 260 euros (según municipio) por metro cuadrado útil, además de 4.000 euros por cada piso entregado. Con ello se les facilitará liquidez para que hagan frente a sus pagos, se dará salida a un parque residencial que hoy tiene unas perspectivas bajas de venta y se reforzarán las políticas sociales del Ejecutivo.
En una rueda de prensa en la que presentó, junto al director general del área, Jerónimo Fregel, los siete "spots" publicitarios con los que se difunde desde ayer el Plan de Vivienda 2009-2012, Rojas confirmó que los incentivos para la conversión de viviendas libres en VPO estarán vigentes al menos durante 2010, con lo que se prolongarán más allá del próximo 31 de diciembre, fecha en la que finalizaba una iniciativa que está en marcha desde el verano de 2008.
Se trata de una línea de actuación "coyuntural" que responde al afán del Gobierno canario de buscar oportunidades en la crisis, apuntó la consejera. Con la recuperación de las expectativas de negocio, argumentó, los promotores acceden a finalizar viviendas que están pendientes y se generan de nuevo puestos de trabajo.
Fregel apuntó que suman alrededor de 2.500 los pisos que ya se han acogido a esta fórmula, que supone un complemento a las construcciones del propio Gobierno y las de la empresa pública Visocan. En total, el Ejecutivo gestionará a corto plazo más de 6.000 viviendas.
Además, aquellos propietarios que cedan sus pisos nuevos para su alquiler por parte de familias con ingresos inferiores a 10.000 euros anuales recibirán de un solo pago y por adelantado las cuotas (350 euros cada una, de los que el Gobierno se hará cargo de 300) correspondientes a un año entero.
La integración de los pisos libres en las políticas autonómicas de vivienda, además de aliviar a promotores y propietarios, supondrá una vía más para lograr los objetivos marcados en el Plan 2009-2012, que, como recordó Rojas, gestionará 2.800 millones de euros y constará de 135.000 actuaciones, la mayoría en alquiler y rehabilitación.
Esta última pasará a ser la principal prioridad para el Gobierno, que ha duplicado las iniciativas en esta materia con el fin de mantener los empleos que dejará de absorber la nueva construcción y optimizar el suelo disponible.
Habrá ayudas de hasta 12.400 euros para aquellos ciudadanos mayores de 65 años que necesiten reformar su casa, si se trata de un inmueble unifamiliar, y de 1.100 euros por piso más 3.200 de complemento en el caso de bloques. A ello se añaden las actuaciones de rehabilitación comunitaria que se desarrollarán en colaboración con el Ministerio del ramo.
Rojas resaltó que el 73% del nuevo Plan será financiado por la Comunidad Autónoma, una cifra sin parangón a escala nacional, y que el 90% del mismo se destinará a colectivos desfavorecidos.
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