O. GONZÁLEZ, Tenerife
El propietario de la empresa Canteras de Cabo Verde S.A., Rafael Bittini, podrá reclamar otros 100 millones de euros de indemnización al Gobierno de Canarias si el Ejecutivo no anula la concesión de la que es beneficiario el empresario desde el año 2004 y por un periodo de noventa años para la explotación minera de Montañetas de Tebeto. Así lo advirtió la diputada del PSC Francisca Luengo, quien compareció ayer en rueda de prensa junto al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Santiago Pérez.
Luengo explicó que aunque el Tribunal Supremo (TS) dé finalmente la razón al Ejecutivo canario en el conflicto que mantiene con Rafael Bittini en el denominado "caso Tebeto", el empresario podría volver a reclamar otra indemnización millonaria, porque las concesiones mineras duran noventa años, y Bittini tiene aún la posibilidad de pedir dos prórrogas de 30 años. Como la concesión de la licencia se produjo en 2004, Bittini podría reclamar otra indemnización dentro de 25 años, esto es, en el año 2034.
Además, detalló que si, por el contrario, el TS no le da la razón a la Comunidad Autónoma, "entonces habrá más motivos para anular esta concesión porque, además de quedarse con los más de 100 millones de la indemnización que reclama ahora Bittini, podría pedir cien más por el derecho de prórroga al que puede acogerse el empresario".
Por este motivo, Francisca Luengo insistió en que la concesión de esta licencia tiene que "desaparecer" del mundo jurídico si no se quiere volver a pagar.
Para ello, el PSC adelantó ayer la Proposición No de Ley (PNL) que llevarán al próximo pleno de la Cámara regional, con la intención de instar al Gobierno de Canarias a que proceda a incoar un expediente de revisión de la resolución dictada en 2004 por el director general de Industria y Energía, Celso Perdomo, por la que se otorgó la concesión administrativa sobre seis cuadrículas mineras de Montañetas de Tebeto.
Un "hito capital"
En este sentido, Santiago Pérez adelantó que si el Ejecutivo no procede a anular la citada licencia a CCV -otorgada bajo mandado de Luis Soria-, el PSC acudirá a la vía contencioso-administrativa.
Pérez recordó que este acto administrativo ha sido declarado en la sentencia del TSJC que condena al Gobierno canario a pagar a Bittini más de 100 millones como un "hito capital", puesto que suponía "colmar" las aspiraciones del empresario.
El portavoz parlamentario del PSC subrayó que pedirán que la resolución sea declarada "nula de pleno derecho" porque, según argumentó, la Administración cuando dicta un acuerdo en materia de minería tiene que verificar si es acorde con el planeamiento, "y tanto el de La Oliva como el de Fuerteventura prohibían y prohíben la actividad extractiva en Tebeto".
Asimismo, precisó que en el momento en que se concedió la licencia, Industria y Energía debió verificar también si en ese paraje existían recursos mineros aptos para su explotación comercial, "algo que la Consejería que presidía Soria no hizo".
También añadió que la resolución debe ser declarada nula porque las actividades extractivas que iba a realizar CCV necesitaban tener un estudio de impacto ecológico, tal y como exige la Ley Canaria de Evaluación de Impacto Ambiental.
Respecto a este asunto se manifestó ayer el portavoz parlamentario del PP, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, quien consideró que la iniciativa socialista se debe a los "remordimientos de conciencia" que tienen por sus propias chapuzas del año 1993, cuando, bajo gobierno socialista, "todo se hacía al revés en Canarias".
En cualquier caso, manifestó que la estudiarán "en profundidad" para su debate en el pleno.
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