EL DÍA, S/C de Tenerife
El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, al referirse ayer a las reclamaciones de varias empresas con suelo para uso turístico que se ven impedidas de desarrollarlo debido a la aplicación de la Ley de Medidas Urgentes, recordó que esta norma otorga a la Administración la potestad de enfrentar la indemnización que corresponda o acudir a la vía de la expropiación forzosa, que "no se descarta" a fin de evitar nuevos pagos.
Marrero aclaró que las reclamaciones de estas empresas "no son sentencias firmes", sino que se derivan de un procedimiento administrativo "fuera de la esfera judicial", antes de recordar que la "principal" novedad de esta ley es que "establece mecanismos para evitar el pago de indemnizaciones".
Se refiere así a la articulación de dos vías: la compensación o sustitución de los derechos edificatorios de los afectados por otros derechos equivalentes, y la posibilidad de acogerse a la desclasificación del suelo que era antes de uso turístico y que, al consolidarse de tipo rústico en virtud de la norma, puede dar lugar a una indemnización por los derechos que no puede aplicar.
Pero en este último caso, puntualizó, "el Gobierno podrá optar entre el pago de esa indemnización o recurrir a la expropiación", lo que supone una "salvaguarda" para evitar el pago de las indemnizaciones.
El portavoz del Ejecutivo restó importancia a los cálculos de los empresarios, que superan los 600 millones de euros, y dejó claro que será la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno canario la que estudiará si existe un derecho edificatorio que queda anulado y, en ese caso, la cuantía, "si es lo que piden".
En todo caso, aclaró Martín Marrero, "el Gobierno autonómico se acogerá a la aplicación de la norma y defenderá el interés general de la Comunidad".
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