Pedraz acelera el juicio de los piratas, pero la Fiscalía impedirá la expulsión

"ABDU WILLY" (d) y "Raageggesey Adji Haman", en el momento en que llegaron a España./ EFE

AGENCIAS,Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha procesado a los dos detenidos por el secuestro del atunero "Alakrana", lo que permitiría juzgarles en quince días y, en teoría, expulsarles a Somalia, aunque la Fiscalía precisó que rechaza pactar esa salida y que pedirá una pena que superará los 200 años de cárcel.

En un auto notificado ayer, el magistrado procesa a los somalíes "Abdu Willy" y "Raageggesey Adji Haman" por 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia y uso de armas, pero no por el de asociación ilícita que les había imputado su compañero Baltasar Garzón, pero que la Fiscalía nunca incluyó en sus calificaciones.

La retirada de ese delito, según el abogado Francisco Javier Díaz Aparicio, defensor de "Abdu Willy", hace posible que a los dos presuntos piratas se les aplique el artículo 57.7 de la Ley de Extranjería, que prevé la expulsión del territorio nacional de los extranjeros procesados o inculpados por delitos castigados con menos de 6 años de prisión.

La Fiscalía, sin embargo, tiene una opinión muy distinta sobre el futuro del caso, según informaron fuentes del Ministerio Público, que subrayaron que "no hay causa legal" para aplicar la Ley de Extranjería y que han llegado a calificar de "fraude de ley" esa posibilidad.

De hecho, la Fiscalía calcula que, teniendo en cuenta las penas por los delitos de detención ilegal -de 6 años a 10 años de cárcel- y de uso de armas -de tres años y medio a cinco años-, la petición podría ir de los 219 años a los 365 años de prisión, mientras que las fuentes consultadas ratifican que, con las pruebas con las que cuenta, el fiscal solicitará penas altas.

Según el auto de procesamiento dictado por Pedraz, las pruebas que incriminan a los dos detenidos son los informes de la Comisaría General de Información y del Estado Mayor de la Defensa, los reportajes fotográficos y el material incautado: 2.500 dólares, seis móviles de la tripulación del pesquero, efectos del barco -como una navaja de Albacete- e instrumentos con el anagrama de la Unión Europea.

En esos informes se precisa que la detención de los supuestos piratas se produjo fuera de las aguas territoriales de Somalia puesto que se efectuó a 120 millas de las costas somalíes y, según la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el mar territorial llega hasta las 12 millas desde el litoral.

Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se mostró convencido de que el juicio a los dos presuntos piratas detenidos se celebrará con todas las garantías, ya que "tanto el fiscal como los jueces y todas las personas implicadas" actuarán con todas las garantías con las que debe contar un proceso judicial.

Entre tanto, el responsable de la misión europea contra la piratería en Somalia, contraalmirante Peter Hudson, dijo ayer que estudiará "atentamente" las propuestas españolas para aumentar la eficacia de la operación, como vigilar los tres principales puertos piratas y controlar a los buques nodriza.

Mientras, el presidente de Interatún -plataforma integrada por armadores de buques atuneros e industrias conserveras-, José Manuel Vieites, aseguró ayer que el secuestro del atunero vasco "no tiene fácil solución" y expresó su temor de que la liberación de sus 36 tripulantes no se produzca hasta "poco antes" de Navidad. "Con muchísima suerte a mediados de diciembre", estimó.