La reforma de la Ley de Extranjería que está tramitando el Gobierno español permitirá terminar con los macrocentros de menores extranjeros que existen en Canarias desde que en el año 2006 se abrieran los denominados centros de emergencia para acoger a los cientos de niños africanos que empezaron a llegar en cayuco ese año, tendencia que siguió en alza hasta la primavera del presente año, cuando decreció el número de pateras y cayucos que alcanzaban las costas canarias -llegando a las islas a cuentagotas desde junio a octubre- mientras se abrió otra puerta de entrada, que sigue en aumento, por la costa mediterránea peninsular.

En la actualidad son 1.037 los menores extranjeros tutelados por el Ejecutivo canario, de los que unos 550 se encuentran en los dispositivos de emergencia, la mayoría en los recintos tinerfeños: 269 en el centro de La Esperanza, 80 en el de Tegueste, 28 en el de Icod de Los Vinos, 22 en Las Mercedes (La Laguna) y 37 en La Orotava. El resto se distribuyen entre los centros de la provincia oriental: Agüimes, Arucas y Salto del Negro.

Trámites parlamentarios.- El Gobierno canario está a la espera de que la reforma de la Ley de Extranjería termine todos los trámites parlamentarios para hacer realidad otro modelo de acogida de los menores extranjeros no acompañados. Hasta la fecha sólo ha sido aprobada por el Congreso y tendrá que ser ratificada por el Senado antes de recibir la aprobación definitiva.

Llegan menos cayucos.- Como la realidad es que este año se ha reducido la llegada de cayucos, también ha disminuido la entrada de niños africanos en los centros de emergencia. Este dato, unido a que decenas de ellos van cumpliendo la mayoría de edad, ha obligado a replantear el futuro de los grandes centros, como, por ejemplo, el de La Esperanza o Tegueste.

Futuro laboral.- La filosofía que siempre ha mantenido el Gobierno canario para acoger y educar a los niños de las pateras o cayucos pasa por que, siempre que sea posible, vivan en pequeños hogares, como sucede con los centros dependientes de los cabildos, que tienen un cupo. En el caso de que se pongan en marcha las vías que abre la nueva ley, desaparecerían los grandes centros de acogida, aunque es imprevisible apuntar en qué fecha será. Pero, llegado el momento, la reestructuración podrá repercutir en la plantilla de los trabajadores. Por este motivo, la próxima se-mana se mantendrá una reunión técnica en la que se planteará esta posibilidad y la mejor forma de resolverla.

Tutelados por ONG.- La ley reformada recoge bastantes cambios respecto a la vigente, la mayoría de ellos han sido criticados por las asociaciones de inmigrantes, pero también incluye un punto fundamental y novedoso, que se refiere a los menores extranjeros no acompañados que están en España tras llegar en pateras o cayucos. A diferencia de los adultos, la situación de estos niños no está regulada en la norma vigente. En cambio, a partir de ahora, la Ley de Extranjería permitirá, entre otros aspectos, a las ONG y a las entidades privadas asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados. El nuevo texto afirma que el Estado y las comunidades autónomas "podrán establecer convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de los menores, con el fin de atribuirles la tutela ordinaria" de los mismos. Así, por ejemplo, será posible llevar a cabo algo que Canarias ha reivindicado desde hace años, y es el reparto de los chicos por el territorio peninsular o, incluso, por cualquier país europeo, algo que coincide con el querer de los propios niños africanos, que llegan a Canarias sabiendo que entran en Europa y pretenden encontrar un futuro en la Unión Europea, máxime teniendo en cuenta que su idioma natal es el francés o el inglés.

Otras reformas.- Decenas de asociaciones de inmigrantes se han manifestado en contra de la mueva ley y han pedido la paralización del proyecto de reforma porque "lesiona gravemente" los derechos y libertades de este colectivo. Pese a que una de las mejoras (contemplada en el artículo 62) es que las organizaciones sociales legalmente constituidas en España puedan visitar y fiscalizar el funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), sin embargo, el proyecto también incluye importantes restricciones, como la reagrupación familiar, o que el artículo 62 mantenga el incremento del período máximo de internamiento en los CIE de 40 a 60 días.