EEUU pedirá la pena de muerte para los responsables de los atentados del 11-S

LOS DOS MANDATARIOS hicieron varias referencias a su buena relación./ EFE

AGENCIAS, Tokio/Washington

El Gobierno de EEUU solicitará la pena de muerte para el supuesto cerebro de los atentados del 11-S, Jalid Sheij Mohamed, y otros cuatro acusados de los ataques, a los que trasladará de Guantánamo a Nueva York para que sean juzgados en tribunales federales.

A Mohamed y los otros cuatro detenidos -Walid bin-Atash, Ramzi Bin al-Shibh, Ali Abdul Aziz Ali y Mustafa al-Hawsawi- se les acusa de orquestar los atentados del 2001 contra Washington y Nueva York en los que murieron unas 3.000 personas.

"Daré instrucciones a los fiscales para que soliciten la pena de muerte contra cada uno de los supuestos conspiradores del 11-S", afirmó ayer el secretario de Justicia estadounidense, Eric Holder, que agregó, que otros cinco sospechosos de terrorismo, que también permanecen retenidos en la prisión de la base naval norteamericana en Cuba, serán juzgados por comisiones militares.

Ese segundo grupo incluye a Abd al-Rahim al-Nashiri, presunto responsable del ataque del 2000 contra el destructor estadounidense Cole en Yemen, en el que murieron 17 soldados y otros 47 resultaron heridos.

Los acusados que serán trasladados a Nueva York serán juzgados en un tribunal cercano al lugar en el que en su día se erguían las Torres Gemelas. "Tras ocho años de retrasos, los supuestos responsables de los atentados del 11 de septiembre de 2001 por fin harán frente a la justicia", señaló Holder.

El Gobierno estadounidense ya ha trasladado a Nueva York a Ahmed Ghailani, quien estaba detenido en Guantánamo, para ser juzgado, aunque no solicitará la pena de muerte para él

La Casa Blanca ha defendido los juicios en tribunales federales, al señalar que muchos terroristas han sigo juzgados, condenados y encarcelados con éxito en EEUU, incluido el responsable del atentado contra las Torres Gemelas de 1993, Ramzi Yousef.

Esta decisión fue criticada ayer por senadores republicanos como Jon Kyl, quien señaló que plantea "un riesgo innecesario" y defendió los tribunales militares para este tipo de casos.

Mientras, Holder explicó que la decisión de que unos detenidos vayan a tribunales militares y otros a tribunales civiles federales responde a factores como la naturaleza de la ofensa, el lugar en el que esta tuvo lugar, la identidad de las víctimas y la forma en la que se investigó el caso.