SI NOS ATENEMOS al cruce de acusaciones, cabe pensar que nadie decidió el traslado a España de los dos piratas capturados tras el secuestro del "Alakrana". Según el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, la intervención de Baltasar Garzón "se realizó en el marco de la más estricta legalidad, como juez de guardia, en respuesta a una denuncia presentada por la Abogacía del Estado y sin actuar de oficio". Agrega que ni el juez ni el juzgado "instaron a organismo alguno para que las personas fueran traídas a España, sino que cumplió con la ley al ordenar su traslado para legalizar la situación de las mismas, una vez les constó su detención". En lógica formal, dos negaciones afirman, mientras que dos afirmaciones no niegan sino refuerzan la afirmación inicial. Cuesta un poco más vislumbrar qué se deduce de una negación seguida por una afirmación. ¿Galimatías o esperpento? Más bien lo segundo.
Una situación grotesca a la que contribuyó ayer la señora Fernández de la Vega. Según la vicepresidenta, a quien Zapatero ha puesto al frente del gabinete de crisis para no quemarse él y llegar lo más guapo posible a la Presidencia por turno de la Unión Europea, "el Gobierno no ha cometido ningún error porque ha cumplido la ley". Añade que el Ejecutivo asumió la detención de los piratas en cumplimiento de la ley nacional e internacional. A estas alturas, ustedes se harán cargo, esto es ya de lo más grotesco que cualquiera puede presenciar en cualquier país del mundo que no sea una república bananera. Sin embargo, como todo es susceptible de mejora, la lideresa -doña Esperanza Aguirre, por si alguien no lo coge- pone su grano de arena al afirmar que todo cuanto ha hecho el Gobierno en el caso del "Alakrana" es ilegal.
Por partes. Aunque nada se ha dicho al respecto de forma oficial -y es previsible que nada se diga-, todo apunta a que el dinero ya está en manos de los piratas. Lo único que falta para liberar a los pescadores es la entrega de los filibusteros traídos a España, según parece ahora, sin que nadie lo ordenara. Dentro de poco dicen que vinieron por su cuenta y sin papeles. Ironías al margen, poco importa a estas alturas trasladarlos a Somalia para que cumplan cárcel allí una vez juzgados en España, o enviarlos a ese país o a Kenia para que los juzguen en plan paripé o si, como desean los señores piratas, sean trasladados de rositas a un país tercero con billete de primera clase. En otros tiempos hubieran exigido quedarse en España con su situación legalizada y trabajo fijo. No obstante, a la vista de cómo está el patio, no parece probable que opten por esa posibilidad.
El caso es que, se mire como se mire, la única forma de salvar la vida de los 36 pescadores es claudicar sin condiciones. La muerte de uno sólo de los cautivos supondría, además de una tragedia personal y familiar, el peor final posible para esta crisis. Eso sí, una vez recuperados los cautivos habría que hacer algo para recobrar, asimismo, el pisoteado prestigio nacional. Sobre todo para que alguien se lo piense dos veces antes de apresarnos otro barco. Eso lo haría un Gobierno francés -de hecho lo hizo hace poco- o uno inglés, pero nunca uno elegido por unos españoles que tenemos no sólo lo que nos merecemos, sino también lo que hemos decidido tener.
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