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AGENCIAS, Madrid
Con 176 votos a favor, el número justo de diputados para conformar la mayoría absoluta en el Congreso que requiere la aprobación de una ley orgánica, el PSOE ha salvado por la mínima la modificación de la Ley de Financiación Autonómica (LOFCA) en un debate marcado por el Estatuto de Cataluña y las acusaciones al Gobierno de no buscar el consenso y de no tener tener suficientes recursos para el aumento de ingresos prometido.
La iniciativa legislativa, que salió adelante gracias a los apoyos de ERC, ICV, Coalición Canaria y las formaciones navarras de Nafarroa Bai y Unión del Pueblo Navarro (UPN), contó con los votos en contra de PP, CiU y BNG (157 votos), mientras que se abstuvieron PNV e IU (5 votos).
El Gobierno lamentó que la nueva financiación no disponga de más apoyos parlamentarios, aunque, en la práctica, los socialistas "tumbaron" las enmiendas no incluidas en el trámite de la semana pasada en Comisión que el PP, CIU y los nacionalistas gallegos mantenían vivas al proyecto de ley, que pasará ahora al Senado.
En los pasillos de la Cámara, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, se mostró "muy satisfecha" por el "excelente resultado de la votación", si bien admitió que le hubiera gustado que más grupos "reconocieran que es un buen sistema". "Pero estoy segura que todas las comunidades autónomas lo van a aceptar", señaló.
En concreto aludió a las autonomías del PP. "Tenemos la seguridad de que aceptarán la financiación y los fondos adicionales", insistió Salgado, quien destacó la "incoherencia" que ve entre los gobiernos autonómicos "populares" (que se abstuvieron en la votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera) y la posición del Grupo Popular en la Cámara Baja.
Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, denunció que a esta ley "le falta sentido de Estado y sentido del acuerdo y falta de voluntad" para garantizar la igualdad en el acceso a los servicios. "Se ha aprobado, a diferencia de la ley que viene a derogar, por el mínimo acuerdo posible", denunció la diputada popular.
En este sentido, lamentó que el Gobierno socialista haya negociado una la "ley de espaldas a la crisis" por "necesidades políticas y partidistas" con las minorías nacionalistas.
Por su parte, el secretario de Economía del PP, Álvaro Nadal, arremetió contra las formaciones nacionalistas por apoyar una ley que no les afecta a cambio de "cambalaches".
En el transcurso de su intervención, el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, denunció que la reforma supone "el asesinato político premeditado del Estatut de Cataluña" con PSC, ERC e ICV de cómplices, y denunció la pérdida de "ordinalidad" que a su juicio supondrá para esta Comunidad, así como una grave merma de ingresos. "Va contra Cataluña y contra los servicios que reciben los catalanes", resumió. En la misma línea, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, denunció que el nuevo modelo reduce el peso de Galicia.
En respuesta, el portavoz de ERC, Joan Ridao, se permitió la "petulancia" de celebrar que el determinante de su formación fue el que impulsó el cambio de modelo que el PP y CiU habían pactado, y calificó de "incalificables" las palabras de Sánchez Llibre. "Sólo le falta acusarnos de entrenar a los pilotos del 11 de septiembre", señaló Ridao, que insistió en que lo único que han hecho los republicanos es "salvar los muebles".
En su turno, el diputado de ICV, Joan Herrera, reprochó el "cinismo" del PP, a quien acusó de coger el dinero y correr, mientras vota en contra de una evolución del modelo que supone un "avance clarísimo" y que respeta el Estatut.
Con este acuerdo, "lo que estamos haciendo es federalizando el Estado con liderazgo desde Cataluña", señaló.
La ponente socialista y diputada del PSC llamó la atención por el hecho de que PP y CiU sumen sus fuerzas contra el modelo. "Ustedes son incapaces de imaginar siquiera lo que supone un modelo común para toda España con pleno respeto a las garantías", les espetó.
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